En consonancia con la discusión por la despenalización de consumo personal y cultivo de la marihuana que tiene lugar en el Congreso y en la Legislatura porteña, se presentó este martes un amparo contra el Gobierno de la Ciudad para que permita su uso medicinal. La acción la realizó la Mesa Nacional por la Igualdad, organización que integra la legisladora del FpV María Rachid.

“Debe ser declarada la inconstitucionalidad de las normas en que se ampara el funcionario público para denegar la prescripción y provisión de cannabis sativa o índica en su estado natural para uso medicinal. Su accionar restringe y menoscaba el pleno ejercicio del derecho a la salud de Alejandro, así como su derecho a vivir dignamente de manera libre y autónoma. Es un atropello en el ejercicio del derecho a la salud", reconoció la ex funcionaria del INADI. Y agregó: "Tenemos que entender que las leyes deben irse adaptando a las necesidades y a los cambios que las sociedades precisen en cada época. Penalizar al enfermo en un hecho de discriminación, que tiende a estigmatizar o criminalizar al consumidor de marihuana. Legalizar el autocultivo es mucho más que una cuestión jurídica, es una cuestión de derechos humanos, una cuestión humanitaria y una cuestión de salud".

Este amparo busca que el GCBA, por medio de las autoridades que correspondan, proceda a prescribir y suministrar a una persona viviendo con VIH/SIDA cannabis (marihuana) en las dosis que sean necesarias y médicamente recomendadas, o bien se le autorice a su autocultivo. Como caso testigo, la Mesa Nacional por la Igualdad utilizó el caso de una persona –Alejandro-, que convive con VIH desde hace 10 años. “Producto del cual padece enfermedades refractarias que le producen un intenso y permanente dolor físico, afectando su propia esfera emotiva, que como consecuencia le trae angustia, depresión y aislamiento. Es por ello que hace unos meses comenzó a consumir cannabis con un fin terapéutico lo que alivió significativamente sus dolores”, se informó.

En la acción judicial, además, se solicitó que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 722/1991 (PEN) y su modificatorio 299/2010 en relación a la inclusión de cannabis para uso medicinal en los alcances de la Ley 23.737 y del artículo 14 de la Ley 23.737, el cual penaliza la tenencia de estupefacientes. También expresa el amparo que la denegación de la prescripción de Cannabis para uso medicinal, por parte del Hospital, constituye un obstáculo en el ejercicio del derecho a la salud.