Por Redacción Día a Día

La batalla judicial por el recorte en las jubilaciones provinciales comenzó ayer. El juez Leonardo González Zamar admitió dos amparos contra la “bicicleta” de seis meses en el pago de los haberes a los pasivos provinciales. Se trata de una medida que reclamaron los jubilados Florencio Ledesma, de 77 años y ex empleado municipal, y Haydeé Guillot, de 86 y ex docente.

En el plano judicial, el magistrado anticipó que decidirá sobre la medida de fondo la semana que viene. Por eso, la Caja de Jubilaciones deberá enviarle al magistrado un informe.

En el plano político, el Gobierno jugó fuerte: difundió en la página web oficial de la Provincia los datos personales de ambos jubilados, incluyendo los montos que cobran.

“El jubilado municipal Arturo Florencio Ledesma percibe un haber bruto de 18.908 pesos (...) y la jubilada Mabel Haydee Guillot es una maestra jubilada que tiene un haber bruto de 5.186 pesos, que se jubiló a los 52 años de edad y, además, percibe una remuneración de Anses”, dijo el Gobierno en un comunicado oficial.

El abogado que representa a estos jubilados, Carlos Nayi, especialista en este tipo de trámites, calificó como “un horror” la difusión de estos datos. “Es el ensayo del agravio desde la omnipotencia. El Gobierno desoye los mandatos de la Constitución”, dijo.

El titular de la Caja, Osvaldo Giordano, quizá previendo la avalancha de juicios que varios especialistas vaticinan caerán sobre el organismo, le replicó sin nombrarlo: “Hay un márketing de la litigiosidad”. “De ningún modo nuestra intención es de ‘escrache’. Lo que queremos es mostrar la forma en que se opera, promocionando una litigiosidad espuria que va en contra de los propios jubilados”, dijo el funcionario, según publicó el Gobierno.

Operativo DLS. Mientras tanto, de manera pública y privada, el Gobierno busca desinflar el paro y marcha de la semana que viene (ver: “UEPC se baja...”). Ayer, los funcionarios sonrieron al ver que la movilización se hizo sin incidentes.

En este marco, De la Sota envió una carta a los “compañeros” que conducen los gremios afectados por el ajuste previsional. En la misiva, de 14 puntos, el mandatario no hace ninguna autocrítica respecto del crack de la Caja. Siempre le echó el fardo a Cristina. Y azuzó a los gremialistas: “Si van a protestar a Buenos Aires, los acompaño”, dijo.

DLS les reprochó a los dirigentes que “no hicieran llegar una (medida) que resolviera el problema”. Los dirigentes respondieron, a coro, en la marcha: “Tenemos propuestas mejores, esperamos que haya una mesa de negociación”, dijo Juan Monserrat (UEPC). Entre otros puntos, los gremialistas pedían ampliar la base de aportantes. De la Sota dijo que las ideas sindicales son “un listado de buenas intenciones”.

El párrafo más duro del texto De la Sota se lo dedicó (sin mencionarla) a Carmen Nebreda, ex jefa de la UEPC y actual diputada nacional por el kirchnerismo: “(La) hemos escuchado decir que los jubilados cordobeses deben acostumbrarse a cobrar sólo lo que les puede pagar la Caja”, acusó.

Nebreda no ahorró críticas hacia el mandatario cordobés: “No es creíble, nunca le creí”, dijo al opinar sobre la secreta trama de la sanción de la ley previsional el miércoles último. Y remarcó: “Los trabajadores hemos aprendido que la cuestión previsional no es de jubilados, sino de los trabajadores”.

En ese marco, le reprochó a DLS no aumentar el impuesto inmobiliario rural y dar “subsidios laborales a las grandes empresas”, en referencia al Plan Primer Paso.

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UEPC se bajó del paro

Aunque ayer la Unión de Educadores de la Provincia realizó un contundente paro contra la reforma previsional, el gremio docente decidió que no hará huelga el próximo miércoles, aunque adherirá a la marcha que los otros gremios organizan. La delegación Capital dispuso que los docentes abandonen sus tareas entre las 10 y las 15 horas para plegarse a la movilización.

El resto de los gremios aún no definió cuál será la modalidad para protestar. Ayer, además de la UEPC, el Suoem y Luz y Fuerza no atendieron. Los otros sindicatos realizaron asambleas (la más contundente las del Banco de Córdoba).

Además, luego de que se conociera la carta de DLS a los gremios cordobeses, la CGT “nacional y popular” decretó el estado de alerta y movilización por la ley de reforma previsional y ante el “avasallamiento” del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo.