El día 8 de abril en curso se convocó en el Congreso de la Nación a una reunión a la cual asistieron diputados representantes de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, conjuntamente con directivos de entidades empresarias del agro, la producción industrial y los servicios.

La intención de la Región Centro es presentar sendos proyectos que contemplen la solución de tres aspectos: reforma del sistema tributario nacional, obras de infraestructura y problemática social, los cuales son fundamentales y prioritarios para poder conducir al país por un camino de crecimiento y desarrollo sostenido. Esta es, nada menos, la decisión más importante tomada por el grupo desde su creación. Es de esperar que, con el aporte de todos los sectores, se logre el objetivo propuesto.

La intención de este comentario es referirme al primero de los proyectos.

El sistema tributario argentino adolece de múltiples defectos. Ante la necesidad de mayor recaudación por parte del Estado, fueron creándose tributos que en cierto modo pasaban desapercibidos y resultaban neutros en un país de economía cerrada. En última instancia los mayores costos de cada empresa o contribuyente individual se incorporaba a cada análisis individual que permitía trasladar al precio de venta cualquier ineficiencia. Tenemos hoy así un sistema totalmente engorroso, difícil de controlar, fácil de evadir, regresivo y distorsivo. Si a todo esto agregamos que en algunos casos se contribuye por utilidades que no son reales y que a la vez los distintos regímenes de anticipos hacen que deban pagarse previo a su generación auténtica, también son confiscatorios. En resumen: una elevadísima presión fiscal con destino final a un pésimo retorno a la comunidad, especialmente en servicios de salud, seguridad y educación; todo lo cual se potencia aún más en forma negativa cuando, olvidando el federalismo, la recaudación se hace a nivel nacional, donde la justa y equitativa co-participación es una expresión de deseos y donde, para colmo de males, la discrecionalidad en el reparto no sólo da por tierra con la justicia distributiva sino que instala peligrosamente una modalidad política totalmente contraria a la consolidación de un país donde el régimen democrático federal debe ser un objetivo prioritario.

Puntualizar cómo debería funcionar un nuevo sistema no es motivo de este análisis. Es tan complicada la propuesta como así también la transición en un cambio, que deberá ser gradual y velando a la vez para que no afecte al normal funcionamiento del Estado en todos sus niveles.

Pero es importante tener en cuenta que, así como es sano y saludable que las autonomías en los servicios lleguen lo más cerca posible de los usuarios, también es importante que la recaudación siga el mismo curso.

Los municipios y provincias también tienen que tener entonces la posibilidad y la responsabilidad de recaudar.

Vale aquí recordar que: "Cuando quien recauda no recibe, no tiene incentivos para recaudar. Cuando quien gasta no recauda, no tiene límites para gastar" Pero si coincidimos y ponemos la mira en el nuevo proyecto, no podemos soslayar otro aspecto que, ante la realidad internacional, es prioritario. Para bien o para mal, hoy tenemos un país integrado al mundo; es decir, influenciado por una economía global. Recordemos algunos ejemplos para entender esta realidad. La integración en el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y otros asociados), los convenios bilaterales (Argentina-México), los acuerdos multilaterales (Mercosur-Unión Europea).

Ante esta realidad, es necesario tener presente que aquello que hacíamos en un mercado cerrado, de trasladarnos los impuestos de uno a otro sector, es imposible. Además, ningún país del mundo quiere pagar los impuestos de otro y menos aún intenta cobrarlos, con lo cual si no nos agiornamos a esta realidad, cada día seremos menos competitivos.

Y cuando hablamos de competitividad, debemos plantearnos dos aspectos.

El primero de ellos es la responsabilidad de cada una de las empresas para adecuarse internamente y superar sus propias ineficiencias. Esto es pura responsabilidad y riesgo empresario, donde si no se logra el objetivo el futuro es la quiebra.

Pero no podemos dejar de señalar que lograr y mantener a través del tiempo la "competitividad sistémica" es una responsabilidad ineludible del estado. Recordemos que, a diferencia de la empresa privada, el Estado no quiebra, sino que oculta su ineficiencia con más impuestos.

Esto hoy tiene un límite y debe tener punto final.

Por lo tanto aquí la reforma del Estado adquiere un rol fundamental, donde tanto el sistema impositivo, como las distintas leyes que gravan la economía y la producción, como la maraña de normas que complican a la actividad privada se deben erradicar. La burocracia deberá reducirse a la más mínima expresión.

A la actividad privada no hay que acercarle muletas para que disimule su renguera, hay que ponerle alfombras para que transite y que con ello la economía crezca, que la producción se potencie, que el desarrollo y la distribución de la riqueza sean una realidad y se logre así, un mejor nivel de vida para todos.

No importa hoy si nos une el amor o el espanto. Pero sí es necesario que la unión sea duradera y que esta modalidad se potencie y se consolide como política de Estado provincial.