La organización de defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional expresó su preocupación por "la publicidad que dio" el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, al aborto no punible que iba a realizarse el pasado martes en el hospital Ramos Mejía a una mujer de 32 años que fue víctima de una red de trata y quedó embarazada producto de una violación.

Macri había informado sobre el caso seis días antes, y su anuncio derivó en una presentación judicial de la asociación civil ultracatólica Pro Familia.

Tras esa denuncia, la interrupción del embarazo fue suspendida por la jueza civil Myriam Rustan de Estrada, hasta que este jueves la Corte Suprema de Justicia dispuso que el aborto se practique "con carácter urgente" y suspendió la ejecución de la cautelar dictada por la magistrada.

En un comunicado, la organización internacional establecida en Londres consideró que "el fallo de la Corte Suprema de Argentina de autorizar a una víctima de violación a interrumpir su embarazo es un paso adelante para los derechos de las mujeres en ese país", pero Guadalupe Marengo, subdirectora del programa regional Américas de Amnistía, advirtió que "los retrasos innecesarios en el procedimiento solicitado por esta víctima de violación equivalen a tortura y trato cruel, inhumano y degradante".

El sitio Clarín.com había publicado antes del fin de semana pasado que, en una cena de Consenso Republicano con autoridades de la Sociedad Rural, el alcalde porteño fue consultado sobre la ley que la Legislatura había aprobado para regular los abortos no punibles.

"El martes se realizará en el Hospital Ramos Mejía el primer aborto legal en la Ciudad. Se trata de una mujer de 32 años, víctima de una red de trata, y es un caso que pasó por todas las instancias legales", dijo Macri sobre la paciente que se encontraba en ese momento entrando en la novena semana de gestación.

Aunque ayer la intervención quirúrgica ya había sido dispuesta por el máximo tribunal, Amnistía Internacional pidió a sus tres millones de miembros en el mundo que envíen correos electrónicos o postales al jefe de Gobierno, su ministra de Salud Graciela Reybaud, y el jefe de la cartera sanitaria nacional, Juan Manzur, para reclamar que se realice el aborto a la mujer. También solicitó que "se asegure la correcta atención médica de la mujer, incluyendo la realización del aborto y la asistencia psicológica", se "garantice" su seguridad "luego de las amenazas que recibió" (de parte de grupos fanáticos religiosos) y "se combata la trata de personas en todo el país".

Se trata de un procedimiento que realiza la organización cada vez que considera que una o más personas están en situación de riesgo extremo, y por eso consideró este pedido como una "acción urgente".

También incluyó en el pedido "que las autoridades porteñas aseguren el acceso a abortos seguros e implementen sin demoras protocolos de actuación de los agentes sanitarios para su realización".

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, consideró que "las autoridades argentinas deben asegurar el acceso a abortos no punibles y seguros en todo el país, en línea con esa decisión de la Corte".

Y reforzó: "Luego de la decisión tan clara y contundente de nuestro más alto tribunal, parece mentira que tengamos que seguir luchando para que se pueda interrumpir el embarazo de una mujer víctima de violación." En su decisión del viernes, la Corte Suprema recordó la sentencia dictada por ese máximo tribunal el 13 de marzo último, en la causa F.A.L.: "La medida que se adoptara es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a abortos no punibles."