El gobierno de la Provincia amenazó ayer con retirarle la concesión de explotación de la Autopista La Plata-Buenos Aires a la empresa Coviares. Lo hizo en el marco de un conflicto gremial que lleva tres días por falta de pago de sueldos a los empleados de esa firma, y en el arranque de una jornada en la que el gobernador Daniel Scioli dictó un decreto que formaliza y pone en vigencia el traspaso del manejo y control de esa autovía de la esfera del gobierno nacional al bonaerense.

La advertencia sobre el posible retiro de la concesión a Coviares la hizo, por la mañana, el ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía.

A través de su cuenta en Twitter, el ministro dijo: “Me voy a encargar de que cumplan con sus obligaciones (en la empresa concesionaria del mantenimiento y obras en la Autopista, que cobra por ello el peaje) o rescindirles el contrato, en el marco legal que corresponde”.

“Desde hace años Coviares -una firma que pertenece al grupo empresario de Benito Roggio- nos boludea a todos: usuarios, trabajadores y Estado nacional y provincial y esto se va a acabar”, añadió Arlía, al fundamentar la advertencia de posible rescisión del contrato.

Lo dijo en el marco de un paro que vienen desarrollando los trabajadores de los peajes debido a que Coviares aún no pagó los sueldos del mes de diciembre. Y además de referirse a ese conflicto (ver aparte), señaló que la concesionaria “no cumplió con la construcción del tercer y cuarto carril en el tramo Quilmes-Hudson”, para agregar, siempre a través de Twitter: “Coviares va a tener que entender que es inimaginable que en el 2013 no se haga el tercer carril de la Autopista”.

formalizan el traspaso

Luego de esas expresiones, el gobernador Daniel Scioli firmó un decreto que “formaliza el traspaso de la concesión de la Autopista La Plata” de la órbita del gobierno nacional al provincial.

Esa medida ya fue anunciada, como se recordará, hace varias semanas, y se firmó incluso el convenio entre ambas administraciones que plasmó el traspaso. Luego, a mediados de diciembre, se sancionó una ley que le dio el marco legal al cambio de jurisdicciones. Pero la medida, en la práctica, no se había formalizado, y el conflicto gremial de estas horas mencionado encuentra a la concesión aún dependiendo del gobierno nacional.

El decreto suscripto ayer establece que el traspaso a la Provincia será por 30 años y entraría en vigencia hoy mismo, si es publicado en la fecha en el Boletín Oficial.

Además, se anticipó que en los próximos días se firmará otro decreto, que determinará que la autoridad contralor del cumplimiento del contrato de concesión pasará a ser el ministerio de Infraestructura bonaerense. Esa medida, según se indicó, entrará en vigencia a partir de febrero.