Las provincias productoras y el Gobierno nacional elaborarán para las distintas concesiones un plan de inversión a cumplir.
El Gobierno Nacional logró sumar a su embestida contra las petroleras a todas las provincias productoras de hidrocarburos y a los sindicatos del sector. Ayer, en una reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), los gobernadores y funcionarios nacionales remarcaron que las empresas que no cumplan con un plan ambicioso de inversión -que será trazado en 15 días y luego enviado a cada compañía- podrán perder los yacimientos que tienen concesionados.
En dos semanas, cada provincia iniciará una ronda de reuniones con las empresas que operan en sus territorios para detallarles las metas que deberán cumplir a fin de lograr la máxima producción de hidrocarburos (en los últimos años las reservas cayeron dramáticamente y Argentina empezó a importar combustibles).
Se les precisará qué nivel de producción deberá tener cada yacimiento, cuánto dinero deberán invertir, cuántas personas deberán contratar y además se les exigirá una cantidad de equipos "mínima" para perforar cada pozo. "Estas exigencias correrán en lo inmediato", dijeron.
De la reunión de la Ofephi participaron los ministros Julio De Vido (Planificación Federal) y Hernán Lorenzino (Economía) con sus principales funcionarios como Daniel Cameron (Energía), Roberto Baratta (coordinador de Planificación) y Axel Kicillof (viceministro de Economía). Además, estuvieron los gremios que nuclean a los trabajadores del gas, del petróleo y de los empleados de las estaciones de servicio.
Los gobernadores que estuvieron ayer fueron Francisco Pérez (Mendoza), Martín Buzzi (Chubut), Jorge Sapag (Neuquén), Daniel Peralta (Santa Cruz), Juan Manuel Urtubey (Salta), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), Oscar Jorge (La Pampa), Eduardo Fellner (Jujuy) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Sólo se ausentó Gildo Insfrán (Formosa), recientemente operado.
Aunque durante la conferencia de prensa no se mencionó específicamente a Repsol-YPF, que ha sido blanco de las críticas presidenciales y de los ministros, el gobernador de Chubut, quien preside la Ofephi, dejó en claro que "no todas las compañías han tenido el mismo comportamiento" y precisó que en su provincia YPF sólo aprovecha una de las cuatro áreas que tiene concesionadas. "El que tiene la estrategia de maximizar ganancias terminará perdiendo", avisó.
En tanto, el gobernador mendocino, Pérez, rechazó el informe que la petrolera argentino-española presentó el miércoles en la Bolsa de Buenos Aires para evitar que sus acciones sigan en caída libre, en el que aseguró que en 2011 invirtió un 50% más que en 2010 (uno 13.000 millones de dólares). "Es una reacción mediática que no coincide con la realidad que viven las provincias y la Nación en materia de producción y extracción", dijo el cuyano alineándose con el discurso de la Rosada.
Sin embargo, gobernadores y funcionarios K enterraron ayer las versiones de que el Gobierno esté estudiando una reestatización de YPF. "No se trata de un ataque al modo de propiedad de las empresas, no pasa por si son públicas o privadas. Acá hay algo más importante que dijo el gobernador Buzzi: las provincias podrán revertir las concesiones si las empresas no se ponen a tono", dijo Kicillof, el joven economista de La Cámpora.
El enfrentamiento del Gobierno con Repsol-YPF comenzó hace un mes cuando el Ejecutivo denunció a las petroleras por la "cartelización" en la venta de combustible a granel al sector transportista. Luego, la propia presidenta Cristina Fernández las acusó de no haber invertido lo suficiente en exploración y explotación y recordó que por ello la Argentina debió importar combustibles en 2011 por más de 9.000 millones de dólares.
Tras estos duros cruces, el titular de la compañía, el español Antonio Brufau, viajó el viernes pasado a Buenos Aires y logró que el martes De Vido y Lorenzino lo recibieran. El encuentro fue leído como una tregua, pero ayer gobernadores y funcionarios nacionales volvieron a la carga.
Aunque Cameron dijo que "no se trata de persecuciones ni ataques contra determinadas empresas", Buzzi sostuvo: "Esto de sacar solicitadas, avisar a la Bolsa para que tenga un reflejo positivo no cambia nada, porque la realidad es que el volumen de producción del país ha decaído".















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