Asociaciones que nuclean a personas discapacitadas en la provincia y que mantienen un conflicto desde hace al menos dos meses con el Ministerio de Desarrollo Social, prevén un corte total del puente que la ciudad con Cipolletti. Afirman que, tras varias semanas de reuniones con los responsables del gobierno, no lograron soluciones de fondo a los problemas de urgencia que plantearon a principios de año.

Los reclamos tienen que ver con el cumplimiento de la ley provincial por la que se adhirió al sistema nacional que establece los derechos que tienen las personas con discapacidad. También con la reparación de situaciones como el incumplimiento de los cupos laborales y la actualización de las pensiones, de sólo 300 pesos mensuales, como mínimo, a los 1.500 pesos que se pagan a nivel nacional.

El grupo de asociaciones y particulares, que en los últimos dos meses se reunió en varias oportunidades con referentes de Desarrollo Social, anticipó que el lunes volverán a presentarse en Casa de Gobierno porque, a pesar de las reuniones, no hubo una respuesta concreta a los pedidos. "Entregamos un petitorio en el primer corte de ruta del 6 de marzo. No hubo arreglo con los ministros que mandó el gobernador, ni siquiera para comenzar a dar respuesta a las necesidades insatisfechas. Hay gente con discapacidad ganando 300 pesos, en situación de desalojo”, indicó María Eva Laino, desde una de las organizaciones.

Tras la primera medida de fuerza, por la que el tránsito entre esta ciudad y Cipolletti se cortó durante medio día, Desarrollo Social convocó a las organizaciones a integrarse a la Jucaid, el organismo que se ocupa de la temática en la provincia. Sumarse a esas reuniones desnudó un problema concreto: la falta de transportes accesibles para movilizarse. “Hay que disponer de 40 pesos o más para ir a las reuniones”, se excusó Laino, que de todos modos garantizó que seguirán acudiendo a los llamados de la Jucaid. Sin embargo, exigen que en paralelo haya respuestas a los planteos.