Por Adrián VenturaClarín, La Nacion, Papel Prensa, Cablevisión, los directores de medios grandes o los diarios y canales pequeños. Todos están o pueden estar en la mira del Gobierno, que para lograr su objetivo de acallar las críticas no está dispuesto a respetar ni siquiera los fallos de la Corte.
Hace tres semanas, la AFIP no tuvo empacho alguno en ocultarle información a un juez de ejecución fiscal. Para lograr una inhibición general de bienes contra La Nacion, omitió revelarle un detalle central: en 2009, la Corte le había ordenado al organismo que se abstuviera de reclamarles una supuesta deuda a más de veinte empresas periodísticas hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Ese fue el turno de La Nacion, que ayer descubrió por casualidad la decisión judicial y la artimaña de la AFIP.
Anteayer había sido el turno de Cablevisión: si bien la fusión de esa empresa con Multicanal fue aprobada expresamente por el gobierno de Néstor Kirchner en 2007, el juez federal de Mendoza Walter Bento pretendió borrar toda la operación con un simple plumazo estampado en una medida cautelar.
Para lograr el objetivo de desarticular el Grupo Clarín, el juez y el denunciante, el grupo Vila-Manzano, decidieron ser funcionales a la ofensiva que viene desplegando el Gobierno con diversas decisiones y recurrieron a un exceso: una supuesta irregularidad menor en un contrato para los abonados de Córdoba le bastó al juez mendocino para ordenar un allanamiento en la Capital Federal y nombrar un cointerventor en la compañía.
Todo a su turno, hoy el Gobierno asestará otro golpe contra la prensa, cuando el Senado convierta en ley una norma que le permite al Gobierno controlar la producción y distribución de papel para diarios.
El Gobierno está liderando un embate contra los supuestos grandes medios para favorecer, dice, a los pequeños. Pero ¿qué seguridad tienen los más pequeños de que no irán luego por ellos, en cuanto se animen a hacer la más mínima crítica?
Periodistas extranjeros confiesan que están alarmados porque la Argentina está entrando en un régimen de censura parecido al de Venezuela, pero de la mano de una presidenta mucho más discreta que Hugo Chávez.
La presidenta Cristina Kirchner apenas asumió su nuevo mandato dio la orden de avanzar. Todos se apresuraron a satisfacerla.
Ni gobernadores ni sindicalistas ni medios tienen margen para el disenso. Nadie logra explicar, sin embargo, cómo puede llegarse a sentir tanto temor. Está claro que el gobierno nacional decidió aprovechar a fondo su momento de mayor poder para estrechar el espacio de la libertad de expresión. Para el oficialismo, las pocas críticas que todavía se escuchan son daños colaterales, que pronto desaparecerán..



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