La cuerda se tensa cada vez más, la voluntad de acuerdo sobrevuela vagamente, los ánimos esperan la mínima excusa para descarrilar en el sendero de lo irremediable.

Así se encuentra la relación entre la administración alperovista y los médicos Autoconvocados, quienes ayer llevaron a cabo la primera jornada teñida por la suspensión total de los servicios sanitarios en los diversos nosocomios de todo el territorio provincial. A la sustentación en el cese de la atención en los consultorios externos, las cirugías programadas, el denominado "paro informático", se adicionó el simbólico cierre de las puertas en los centros de salud.

Además, en la jornada de ayer, también se concretó la quinta marcha de las antorchas en lo que va de 2010, en la cual los galenos volvieron a solicitar el reconocimiento por parte del Gobierno comarcano como fuerza sindical de modo tal que sean llamados a la mesa de negociación para mediar por mejores condiciones laborales y salariales.

Judicializar la protesta

En este contexto, el oficialismo no parece estar dispuesto a dar marcha atrás con su obstinada decisión de negarse a los pedidos entablados por los médicos combativos, peor aún, los delfines de la gestión central salieron a recalentar aún más el caldeado panorama.

En este sentido, las máximas autoridades de la cartera de salud, tanto el ministro Pablo Yedlin como el secretario ejecutivo del SIPROSA, Fernando Avellaneda, estipularon, mediante discursos análogos, (cuyo tono deambulaba entre la advertencia y la amenaza) que de continuar el plan de lucha dispuesto por los profesionales de los ajados delantales blancos, será el terreno fértil para la adopción de medidas radicales emparentadas con el accionar de la justicia.

"A mí no me parece que cerrar las puertas de un hospital público sean las medidas adecuadas para protestar. Hay muchas medidas, como no ir a trabajar, realizar manifestaciones. Para mi no es simbólico, es ilegal. Si observamos y tenemos pruebas de situaciones ilegales iremos a la justicia porque es lo que tenemos que hacer", espetó el sumamente cuestionado ministro Yedlin.

A su turno, el coro alperovista siguió al pie de la letra la partitura suprema, Avellaneda, fiel a su enfático estilo de personalidad, consideró que evitar el acceso a los respectivos nosocomios "son causas punibles en lo penal, esperamos no llegar a eso. La situación es desmedida, cercenar el derecho del acceso a servicios de salud es desvirtuar la protesta", disparó el también viceministro de la cartera.

Tres en uno

En tanto, en la marcha desarrollada en plaza Independencia, los Autoconvocados volvieron a la carga con sus quejas, y en esta ocasión tres fueron los blancos electos para la diatriba galena.

La figura del Gobernador llevó los mayores repudios. Uno de los más punzantes para esgrimir críticas que involucraban de manera directa al Primer mandatario, fue el representante de la Maternidad, Daniel Fernández Pastor, quien afirmó: "Nosotros no mentimos, no apretamos. Somos símbolo de dignidad".

A su turno, y en una misma alocución, dos fueron los estamentos víctimas del malestar, por un lado, los gremios de la sanidad tales como ATSA y AME y algunos medios calificados como "oficialistas". "Denunciamos la falsedad y cobardía de los sindicalistas cómplices que se adjudican nuestras conquistas en complicidad con algunos medios que son simples voceros de la mentira. No venderemos nuestra dignidad por una dádiva", destacó Raúl Barrionuevo.