Miguel Montoya, secretario Legal y Técnico del gobierno provincial, explicó a Radio del Mar que los pasos formales consisten en enviarle a la empresa el decreto con documentación que daría cuenta de sus incumplimientos. A partir de ese momento comenzarían a correr los 90 días de transición.

Tal como había adelantado el gobernador en el acto del miércoles, YPF deberá entregar las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido. “YPF es la responsable como operadora hasta la entrega”, dijo el secretario Legal y Técnico de Chubut.

Mientras tanto, el gobierno provincial solicitará audiencias de la empresa con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de Trabajo.

En el caso de la cartera de Ambiente, los inspectores verificarán que los yacimientos estén en condiciones y que no registren pasivos. En caso de haberlos, el Ministerio cuantificará el costo y hará el reclamo a YPF porque todavía estarían dentro del período de la concesión.

En esos 90 días también participará la Secretaría de Trabajo, en este caso para realizar una auditoría que permita conocer la cantidad total de empleados en la plantilla de la empresa que se encuentren afectados a El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.

PASOS JUDICIALES

En la tarde del miércoles, cuando ya se conocía que tanto el gobernador Buzzi como su par de Santa Cruz, Daniel Peralta, iban a firmar decretos que harían caducar parte de las concesiones, YPF informó que realizaría una demanda contra el Estado chubutense por considerar una medida “unilateral” la reversión de áreas.

“Creo que la empresa va a esperar a tomar conocimiento del contenido del decreto, del informe técnico y del documental que se acompaña. Y a partir de ello evaluará si cree pertinente avanzar”, consideró Montoya.

“Yo creo que el centro de discusión de esta decisión que ha tomado el Estado provincial es si nosotros hemos contado con los elementos suficientes para caducar la concesión en función de que estén específicamente determinados los incumplimientos que establece la normativa”, añadió.

YPF podría presentar una medida cautelar para continuar a cargo de las áreas revertidas. Si lo hiciera, el Estado provincial podría apelar la medida y luego se judicializaría la situación. “Creemos que es un arma que utilizaría la empresa para que esta medida no se contagie a otras provincias”, dijo Montoya.

Otro aspecto a tener en cuenta es el ámbito judicial en donde se realizarán las presentaciones. YPF iría a la Justicia Federal, mientras que Chubut iría a la Justicia Provincial.