"manifestaron su adhesión a este tipo de emprendimientos, considerando que los mismos representan un beneficio para la provincia y la región si es que se cumplen las medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales y sociales".

Muchas omisiones

En el comunicado se omitió, no obstante, mencionar las críticas de asociaciones ambientalistas que sostuvieron que el desmonte debería haberse contextualizado en una región en la cual a pesar de una orden judicial, se desmontaron unas 33.500 hectáreas entre 2009 y 2011, cuando se levantó la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A ello se suma la omisión del reclamo de habitantes originarios y criollos que habían solicitado la prórroga de la audiencia pública para acceder al expediente y plantear su postura. Y es que el desmonte se hará en el límite con el Lote Fiscal 14, en donde se reubicará a familias criollas que viven de la producción en pequeña escala.

En amarillo

Tampoco se dijo que las tierras se encontraban en amarillo según el mapa territorial de la provincia, o sea, estaban determinadas como zonas que no debían desmontarse. Pero fueron recategorizadas.

Lo que sí dijo el Ministerio es que este proyecto "prevé que se habilite el 52% del total de la tierra para uso agrícola y un 5.45% para ganadería; el 40% restante corresponde a la protección de bosque nativo".