El discurso del primer mandatario provincial en el inicio de las sesiones ordinarias en la Legislatura despertó nuevamente las diferencias entre un sector que busca impulsar la actividad minera y otro que defiende los recursos naturales.

En la edición de ayer de El Sol se publicó una entrevista a la nueva directora de Minería, Adriana Blesa, quien aseguró que se puede hacer actividad minera cuidando el medio ambiente, y aseguró que la ley 7.722 que rige actualmente conocida como Antiminera y que fue sancionada en junio del 2007, durante el gobierno de Julio Cobos- respondió a necesidades políticas y no fue analizada ni debatida todo lo necesario.

Marcelo Giraud, geógrafo, docente de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, indicó que el Gobierno se contradice, ya que en primera instancia había anunciado que no iba a promover ningún cambio de la normativa vigente, y los asambleístas descubrieron que un legislador afín al oficialismo (Miguel Serralta) presentó un proyecto para modificar la legislación. "Lo encontramos en la página web y luego pasó a archivo en la Comisión de Ambiente", contó Giraud. También agregó que luego salió Walter Vázquez, subsecretario de Hidrocarburos, a decir que intentarán que la población tome conciencia de que no existen problemas con la minería moderna, ya que no contamina. Por lo tanto, al profesor no le sorprendió lo que Blesa manifestó.

La Asamblea Popular por el Agua, al igual que el resto de las organizaciones, acordó en diciembre y después en febrero, cuando asistió a la contramarcha del Carrusel Vendimial, que va a seguir oponiéndose a cualquier modificación de la ley 7.722.

Por otro lado, como la nueva directora de Minería dijo que la población no está bien informada y que algunos grupos ambientalistas son fundamentalista, Giraud afirmó que la postura de ellos es una posición racional que se basa no sólo en los hechos de la minería del pasado, sino en la de los siglos XX y XXI, cuando la explotación con sustancias tóxicas se sigue produciendo en todos los puntos del mundo.

Para sumar argumentos, comentó que el Parlamento europeo dictó una resolución el 5 de mayo sobre el uso de tecnología minera a base de cianuro. "Son consideraciones extensas que demuestran que no somos voces aisladas ni fundamentalistas, sino que estamos en línea con organismos de semejante jerarquía"

Sin embargo, explicó que siempre se encontrarán posiciones de geólogos que estén de acuerdo con el uso de estos químicos y otros profesionales que estén en contra. "Entendemos que en nuestra provincia, con la dependencia que tenemos del agua, principalmente para riego y consumo humano, no nos podemos permitir ese riesgo", agregó el docente.

Por su parte, Eduardo Latino, miembro del colectivo La Minga, comentó que esta estrategia política de la gestión Jaque se da porque el Gobierno se quedó sin dinero para financiar la campaña 2011 y recurrirá a la economía minera, al igual que en el 2007, cuando se presentó Jaque en las elecciones.

Para contrarrestar la idea del Ejecutivo de tratar de convencer a la sociedad de que la minería es buena, desde la organización La Minga ya habían planeado dos actividades en el contexto de los festejos del Bicentenario. Primero, el 24 de mayo realizarán una radio abierta (lugar a confirmar), donde se discutirán temas relacionados con el medio ambiente y habrá eventos artísticos y culturales. En segundo lugar, el 25 se llevará la propuesta a los barrios mendocinos. "La idea es apuntar desde la educación y la comunicación popular", contó Latino.

Los ambientalistas indicaron que los controles de parte del Ejecutivo para la detección de materiales que contaminan no son muy efectivos. "Quedó demostrado con el mercurio en los canales de riego", concluyó Giraud.

Lógico

OPINIÓN (Por Pablo Mannino)pablo.mannino@elsoldiario.com.ar

El primer paso se ha vuelto a dar. Pero puede volver a ser el último, simplemente por inacción y desidia del propio Gobierno. La titular de Minería, Adriana Blesa, reconoció esta semana, en una entrevista a El Sol, que primero se instruirá a la población respecto de qué trata esta actividad, ¿desconociendo? que la gente también sabe y mucho de lo que ha ocurrido en el mundo, pero también en otras provincias, como Catamarca y San Juan, donde se utilizan las sustancias que Mendoza prohibió por ley y donde se han generando serios problemas vinculados con su desarrollo. La funcionaria, que habló de la poca lógica de esa ley, dijo, sin ponerse colorada, que en nuestra provincia otras actividades utilizan esos componentes nocivos, como el mercurio, y que nadie los veda, justificando así, por un lado, la posibilidad de modificar la norma y permitir su uso, pero, a la vez, dejando en evidencia la ineficacia del Gobierno para ser riguroso, exhaustivo y seguro en los controles. Hoy, lo que sucede con el agua aquí y las fuentes de contaminación que están dispersas en diferentes zonas de la provincia muestran a las claras que el Estado sigue ausente en materia ambiental. La bronca, la desconfianza y el temor de la población son lógicos, y más aún sabiendo que la gran porción de las materias quedan en pocas manos y se van mientras que los recursos naturales se agotan.

Después, quién se hará cargo del después. Hay ejemplos de sobra en nuestra tierra. Por eso, para dar el paso hay que estar bien informados, pero, sobre todo, seguros, y exigir la máxima seguridad. Y hoy Mendoza no está a la altura de las circunstancias.

Seguirán algunas posturas extremistas ambientales que no permiten el debate, pero también los que pretenden dar vía libre a un accionar que puede no tener retorno. Así las cosas, el Gobierno se prepara para abrirle las puertas a la megaminería, mientras que la mayoría de los mendocinos seguirá en alerta para cerrarlas.