El intendente, Domingo Amaya, confirmó ayer que buscará ayuda a la Nación para solucionar el conflicto municipal, que ya lleva meses. "Nosotros conversamos con el ministro de Salud, Pablo Yedlin, para buscar alguna solución. Ahora estoy pidiendo una audiencia al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, para que me atienda esta semana y ver qué soluciones podemos darles a los trabajadores", sostuvo Amaya, luego de supervisar obras junto al gobernador, José Alperovich. El jefe municipal volvió a manifestar que el Plan Nacer es un programa nacional, y que por cuestiones presupuestarias, los trabajadores no pueden acceder a planta permanente, como lo viene exigiendo el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas).

"El Plan Nacer es un programa nacional en el que se está trabajando muy bien. El tema es que nosotros, lamentablemente, estamos imposibilitados de poder ponerlos en planta. No estamos en condiciones (financieras) de incorporar a 120 personas, porque no tenemos los fondos. Tenemos que ser responsables y serios en este aspecto. Lo que podemos hacer es mejorar sus ingresos en la medida en que podamos. Es lo máximo que podemos hacer y no engañar a la gente", fundamentó el jefe municipal.

Desde el Sitas aseguran que el 65% del personal de los Centros de Acción Comunitaria (CAC) cuentan con hasta cinco años de antigüedad. Según el gremio que conduce la médica Adriana Bueno, este es un argumento más que suficiente para que los trabajadores del sector sean absorbidos por la administración municipal. Sitas precisó que cada profesional gana, en promedio, $ 1.200, pero que con el descuento del monotributo perciben $ 900 de bolsillo. "Tenemos que ser claros con la gente, nosotros no establecemos la política de salud, nosotros simplemente somos colaboradores de una política nacional y provincial", se justificó.

La gestión de la basura

Por otro lado, Amaya aseguró que el actual funcionamiento de la gestión de los residuos urbanos cuenta con la autorización de la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia. "Esto se desarrolla a pasos agigantados. Realmente marcha muy bien para tener en condiciones todo lo que es el sistema de disposición final de la basura", señaló el jefe municipal, en relación a la estatización del servicio.

En febrero el destino de los residuos sólidos urbanos pasó de una empresa privada a manos del consorcio metropolitano. "Ya se están haciendo los controles correspondientes", explicó Amaya.

Respecto al lugar en el que se realizará la clasificación de los residuos, Amaya indicó que se está evaluando utilizar un predio de San Felipe "o bien en Overa Pozo". "La decisión la tomará el consorcio. Quiero que quede en claro que la decisión no es mía. El organismo está integrado por seis intendentes que votan en conjunto y deciden cuáles serán los pasos a seguir, y eso es lo importante", manifestó Amaya.

Hasta el 1 de febrero, la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL estuvo a cargo de la disposición final de la basura que se origina en los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán que integran el consorcio metropolitano.