El escándalo que envuelve a la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental municipal (DIPSA) derivó en una nueva acción penal, en este caso promovida por la propia Intendencia capitalina.

Tal como anticipó EL SIGLO en su edición de ayer, el fiscal Washington Navarro Dávila encabezó el martes un allanamiento en esa repartición, luego de que una empresa del medio denunciara dos empleados de esa repartición habrían actuado ilícitamente como "gestores" en la tramitación del pago de una deuda tributaria con el municipio.

Los empresarios, conforme consta en la demanda, les entregaron a esos agentes municipales dinero en efectivo y varios cheques por un monto que superaría el millón de pesos en la intención de cancelar la deuda tributaria, lo cual nunca se concretó.

Los damnificados se dieron cuenta de la estafa cuando recibieron una intimación judicial por parte de la Dirección de Ingresos Municipales, e inmediatamente realizaron la denuncia.

A raíz de esta maniobra, la situación de esos dos empleados y de un tercero, que es empleado de la firma afectada y habría actuado de nexo, estaría sumamente comprometida y ya habrían sido apartados por el titular de la DIPSA, Miguel Angel Molins, hasta tanto se dilucide la situación.

El intendente Domingo Amaya confirmó ayer a la prensa que el municipio presentó una denuncia penal ante el presunto desfalco en perjuicio de esta firma, cuyos titulares "tienen todo registrado (respecto al supuesto pago de la deuda impositiva), pero la plata no entró a Ingresos Municipales".

El jefe comunal aclaró que "todos los contribuyentes deben pagar en los bancos debidamente autorizados, no pueden ir a ningún otro lado, más si los cheques están a la orden o cruzados".

“Una estafa muy

organizada”

Según consideró Amaya, en este caso "aparentemente hubo empleados de la empresa que inculpan a empleados de la DIPSA, del municipio, y el fiscal Washington Navarro está tomando las medidas correspondientes" para aclarar la situación.

En este sentido, el Intendente confirmó que ayer mismo el Gobierno de la ciudad presentó “una denuncia penal” y se puso "a disposición de la Justicia".

El titular del Departamento Ejecutivo Municipal precisó que se trataría de "un desfalco a la empresa, pero con una maniobra en la que implican al municipio. Es una estafa muy organizada y la está descubriendo esta empresa con sus abogados y la Justicia", precisó.

Amaya dejó en claro que los empresarios "pagaron, pero ahora están buscando aquel que pagó mal el cheque para que lo devuelva y está bien que se haga eso".

Respecto al monto de la presunta estafa, confirmó que "se habla de más de un millón de pesos".