Desde fines de febrero, los funcionarios a cargo de las secretarías y direcciones del municipio de la capital no pueden realizar ningún gasto a través de las denominadas Cuentas Especiales sin que, previamente, cuenten con la autorización del contador general de la Municipalidad, José Francisco Correa.

El 28 de febrero, el intendente, Domingo Amaya, firmó el decreto N° 0644/12 mediante el cual dispuso que las Cuentas Especiales deberán operar por orden conjunta del contador general y del tesorero general. Para tal fin, Amaya creó una cuenta única, denominada "Caja General de la Tesorería". Además, el artículo 2° del decreto faculta a la Secretaría de Economía y Hacienda a establecer los circuitos administrativos para el trámite de cancelación de las obligaciones que previamente fueron autorizadas. Es decir, todo gasto que surja en cada repartición deberá contar también con el visto bueno y el seguimiento administrativo del área que conduce Silvio Bellomío. Según el funcionario, el monto anual asignado a estas cuentas, que ahora pasaron a una caja única, asciende a $ 10,5 millones, aproximadamente.

Históricamente, los secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores de área contaban con plena libertad para adquirir, por ejemplo, computadoras, herramientas o ropa de trabajo, siempre que los gastos no excedieran lo presupuestado. Pero a partir de este decreto, las erogaciones y los pedidos de compras deben ser canalizados por la Contaduría General. La medida ya generó comentarios negativos de algunos concejales, quienes aseguran que el decreto municipal debió contar con la aprobación

del Concejo Deliberante.

Las cuentas especiales nacieron como un complemento financiero de las reparticiones municipales a la denominada "caja chica". La primera Cuenta Especial fue creada por ordenanza en 1984, durante la gestión de Rubén Chebaia y se denominó Fondo Municipal de Cultura. El espíritu de la norma contemplaba que la repartición pudiera contar con el dinero para "promover, auspiciar y organizar actos artísticos y culturales". La ordenanza 146 de ese año establecía que el Fondo de Cultura sería administrado por el director del área.

En 1998, los concejales de la capital aprobaron la ordenanza N° 2.769, que estableció que las cuentas especiales debían ser creadas por ordenanza.

Ahora, en los fundamentos del decreto municipal, Amaya sostiene que el régimen unificado "facilitará el control y cumplimiento de las obligaciones de la Municipalidad, originadas en su carácter de agente de retención y percepción de los tributos". "Permitirá, también, mejorar las condiciones de seguridad, atención a proveedores y del público en general", reza un párrafo del decreto.

Al ser consultado sobre si la disposición no generará mayor burocracia institucional, Bellomío expresó: "al contrario, con esta medida vamos a desburocratizar el proceso administrativo. La medida tiende a terminar con la discrecionalidad del gasto público". El funcionario explicó que el decreto firmado el 28 de febrero es una reglamentación de las ordenanzas 2.769/98 y 2.870/99. "Con este decreto vamos a mejorar el control del gasto, de manera tal que lo que antes le competía al habilitado de cada repartición, ahora le compete sólo al contador general de la municipalidad. Quiero aclarar que la medida no elimina a las denominadas cajas chicas. Es una centralización del manejo de las cuentas especiales", explicó el titular de Hacienda municipal.

Según establece el artículo 3° del decreto, las reparticiones contarán con 90 días (hasta fines de mayo) para adoptar las medidas necesarias que den cumplimiento a la nueva disposición.