Un reclamo salarial que amenazó con paralizar el servicio de colectivos de la empresa Indalo desnudó en las últimas horas la frágil situación económica en su recaudación propia que tienen las empresas del transporte, a raíz de la dependencia permanente que tienen con los subsidios que otorga el gobierno nacional para reducir el impacto de las tarifas.

El malestar del gremio de la UTA tuvo su origen en la demora de los fondos que llegan desde el gobierno nacional para subsidiar el salario de los trabajadores. En el caso de Indalo, se trata de casi 1.100 pesos por cada empleado que Nación deposita mensualmente y que significan 300.000 pesos al mes para que la empresa pueda completar el pago de sueldos.

La demora en el depósito, que por lo general no debería ser mayor a las 72 horas, fue lo que generó la amenaza de la medida de fuerza por parte del sector gremial.

Lo llamativo es que una empresa privada dependa casi exclusivamente de estos aportes para poder mantener el servicio a un costo “razonable” y sin que se dispare el aumento del precio del boleto.

Se estima que el gobierno nacional cerrará el presente año con una cifra impactante en materia de subsidios: 60.000 millones de pesos. De ese total, el 27 por ciento está destinado a subsidiar el transporte ferroviario y automotor de cargas y pasajeros.

Dentro de esos aportes también hay que incluir el costo que Nación absorbe a las empresas transportistas por cada litro de gaosil. En el caso de Indalo, la empresa sólo paga 1 peso por litro.