La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó que, por jurisdicción, deberá ser el Juzgado Federal de 1º Instancia de la ciudad de Río Gallegos, a cargo de la Dra. Ana Cecilia Alvarez, quién deberá llevar adelante la investigación solicitada por la Corte Suprema de Justicia, contra el gobernador Daniel Peralta, por la posible comisión de un delito de “acción pública” que sin haberlo caratulado, de acuerdo a los entendidos, sería por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La juez, una mujer que ya le ha tocado terciar en causas muy duras (ver recuadro), como el cierre de las Casas de Tolerancia ante denuncia de Trata de Personas de la capital de Santa Cruz y declaró inconstitucional el decreto presidencial que permitía una suba de tarifas de gas, ahora deberá investigar al gobernador de la provincia.

En ese sentido, el fiscal de Estado de la provincia, Carlos Ramos, quién representa al mandatario, indicó que el gobernador de Santa Cruz “de ninguna manera” puede ser acusado de haber cometido un delito de acción pública.

“Creemos que el gobernador ha cumplido con el fallo de la mejor manera posible”, indicó Ramos y sostuvo que al día siguiente de la firma del decreto para el desdoblamiento del cargo de Agente Fiscal y simultáneo nombramiento de Sosa en una de sus ramas, se le informó a la Corte del mismo, (el 22 de diciembre) y el 29 se le volvió a informar de su recepción en la Cámara de Diputados de la provincia”.

“Posteriormente el 3 de mayo -siguió relatando el funcionario- se solicitó el tratamiento con preferente despacho a la Legislatura, lo que también se le informó a la Corte y luego el 28 de mayo se le presentó un escrito a la Corte, explicando que el Decreto había tomado estado parlamentario el 11 de marzo y estaba en tratamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

Ramos destacó, luego de todo el detalle: “es decir en todo momento se mantuvo informada a la Corte cada paso que se dio” por lo que indicó “no hay delito de ninguna manera, porque para que haya delito debe haber intencionalidad o dolo manifiesto y de ninguna manera lo hubo, por el contrario, ha dado muestras su voluntad reiterada de querer acatar el fallo conciliando los intereses en juego”.

Sobre lo que podría pasar a futuro, respecto de la propia Corte, Ramos recordó que la misma “es un órgano definitivo, que no admite ningún tipo de recursos, la intervención al Congreso es una decisión política, que de ninguna manera corresponde, ya que los casos de procedencia de intervenciones federales son casos de extrema gravedad que de ninguna manera es la situación que existe en la provincia” concluyó.