El edil del FrePam endilgó a los ex intendentes Néstor Alcala, Juan Carlos Tierno, Gustavo Fernández Mendía y al propio Torroba, que “lo que denunciábamos y pretendíamos evitar con este proyecto ocurrió”. Así se refirió a la superpoblación de la comuna, que actualmente tiene 1.800 empleados.

La 247 se aprobó durante la gestión del ex intendente Oscar Mario Jorge, actual gobernador. Un régimen ideado para contrataciones específicas y por corto tiempo, degeneró en una herramienta para incorporar mano de obra barata que permaneció en la planta municipal. Durante la gestión de Alcala, al final, se blanqueó a la mayoría. Pero durante la corta incursión de Tierno en el municipio, se tomaron alrededor de 400 contratados más. Algunos permanecen todavía en el municipio y reclaman el pase a planta.

Altolaguirre recordó que había presentado un proyecto para derogar la Resolución 247 en agosto de 2007. Preocupado por la situación que vuelve a registrarse en la administración local, ahora decidió reimpulsar la ordenanza que nunca se trató.

En aquel momento argumentó que se había saldado “una gran deuda” con el blanqueo de los trabajadores, pero advirtió que la permanencia de la 247, ya en ese entonces, estaba generando de vuelta nuevas contrataciones.

El radical pretende que se erradiquen las contrataciones o los programas que cubren y cumplen la función de empleados. “Tenemos un régimen que es claro, que es la Ley 643, y en donde si es por una Locación de Servicios está la Ley 3 de Contabilidad y el Decreto Acuerdo Nº 470/73. O sea, es claro la forma en que se debe tomar el personal, o de qué manera cubrir trabajos excepcionales cuando el municipio no cuenta con esas características de personal”, señalaba.

En esa fecha, Altolaguirre pretendía “que no haya un contratado de la ’247’ cuando asuma el próximo intendente municipal, para no generarle complicaciones ni nuevos malentendidos con el personal. No queremos volver a manipular y a manosear a los trabajadores de la ciudad”.

La Resolución 247 se dictó en el año 1993. Se establecía un régimen de contratación directa y temporal de personas para la realización de tareas inherentes a la función pública.

“La finalidad de dicha norma fue desvirtuada al utilizarse para la contratación de personal que cumplía funciones de manera permanente en la administración. Gracias a los legítimos reclamos efectuados por el personal contratado, se resolvió el pase de aquellos enmarcados en la Resolución 247/93 al régimen de la Ley 643. A los fines de evitar que el Departamento Ejecutivo continúe mal utilizando las facultades que le otorga la Resolución 247/93, resulta oportuna su derogación”, fundamentaba.

“Se debe establecer un impedimento legal a fin de evitar estos regímenes de contrataciones que desnaturalizan las normas ya establecidas al efecto”, resumía.