El puntapié inicial lo acaba de dar el concejal radical Leandro Altolaguirre, quien sorpresivamente le pidió a la jueza de Faltas, Alicia Corral, el resultado de “las actuaciones instrumentadas” respecto a las irregularidades denunciadas en la construcción del imponente edificio que el precandidato del PJ, Luis Larrañaga, montó junto a Gabriel Sarricouet y varios socios sobre la calle Lisandro de la Torre 461.

Altolaguirre también pidió que se le informe “si han tomado participación en las actuaciones representantes de los colegios, que regulan el ejercicio de las profesiones relacionadas al hecho, objeto del proceso”.

El propio bioquímico, en declaraciones al programa televisivo “Cuestiones Cotidianas”, admitió que “hubo un pacto” con la gestión del ex intendente Néstor Alcala para construir fuera de la legislación municipal su centro de análisis bioquímicos. Debía tener seis pisos, pero Larrañaga y sus socios decidieron -por cuenta propia- agregarle un piso más.

El hermano de Larrañaga, Pablo, era por aquel entonces secretario de Hacienda y pieza clave entre los funcionarios de Alcala.

Una de las maneras que el actual precandidato a intendente del PJ encontró para “salvar” los obstáculos de la irregular construcción fue comprar la vivienda lindera de la familia Paloma. De todos modos, ese salvoconducto no le salió para nada barato.

Incluso, la actual gestión del intendente Francisco Torroba le obligó a derribar la mampostería de algunos pisos.

La familia Paloma fue una de las más perjudicadas por la construcción del edificio de la sociedad Larrañaga-Sarricouet. Una de las irregularidades de la construcción es el retiro desde la medianera: debía ser de entre 1,20 y 2,10 metros, pero sólo respetaron entre 0,80 y 1,50 metros.

Esto, mientras duró la construcción, perjudicó a las casas linderas: entre ellas la de los Paloma. El conflicto llegó a los estrados judiciales. Incluso, Larrañaga tuvo que presentar un amparo judicial para realizar el revoque porque los Paloma realizaron una presentación judicial pidiendo garantías para que el trabajo no pusiera en riesgo la vida de los ocupantes de la vivienda.

Durante el año 2009, Larrañaga no pudo conseguir la habilitación municipal del edificio construido en forma ilegal. Por eso intentó algunas adecuaciones. Pero, todo se empantanó por el rechazo de la opinión pública a una actitud contemplativa de las autoridades municipales hacia quienes construyeron de espaldas a los reglamentos en forma flagrante.

Larrañaga es el funcionario con la declaración jurada más abultada. Tiene un activo de $ 4.300.000, aunque también deudas por $ 2.600.000.