En una decisión bastante ligada a la tensa relación entre el Ejecutivo y la Defensoría de los Vecinos de Saladas, el intendente, Daniel Alterats, vetó una Ordenanza que había sido aprobado por el Concejo para lograr la autarquía financiera de la dependencia. El veto fue total, y tratado anoche en la sesión ordinaria del Legislativo, donde pasó a Comisión y todo hace prever que no prosperaría. La defensora, Laura González Niveyro, explicó a El Litoral que lo que se buscó con esta iniciativa fue darle mayor presupuesto a la dependencia, para apuntalar su funcionamiento.

Tal como se preveía, el DEM de la ciudad de Saladas vetó en forma completa la Ordenanza -iniciativa de la bancada de ECO- que había sido aprobada hace dos semanas, mediante la cual se planteaba la autarquía financiera de la Defensoría de los Vecinos de la localidad. La aprobación del instrumento había sido lograda por mayoría simple, ya que en Saladas la oposición cuenta con seis bancas, y sólo cinco concejales responden al oficialismo.

La anulación del instrumento legal ingresó anoche al recinto de sesiones del Concejo Deliberante, y fue pasado a Comisión. En este sentido, el viceintendente municipal y presidente del Concejo, Walter López, explicó a El Litoral que si bien el expediente podría ser tratado nuevamente, precisaría de los dos tercios del Legislativo, y la oposición no cuenta con esos números para ratificar su aprobación.

López comentó en este sentido, que le sorprendió el veto total de la Ordenanza, pero que el intendente Alterats habría argumentado que el Presupuesto 2012 ya está previsto y no tiene partidas asignadas a la Defensoría.

Sin embargo, fuentes de la localidad consultadas por este medio también hicieron referencia a la tensa relación entre Alterats y la defensora de los vecinos, Laura González Niveyro, quien accedió a ese cargo en las elecciones del año pasado, cuando integraba la lista de concejales de ECO. “Era sabido que iba a vetar la Ordenanza, pero sorprendió a propios y ajenos que el veto haya sido total”, señalaron desde la “tierra de Cabral”.

En diálogo con El Litoral, Laura González Niveyro comentó que lo que en realidad se buscó con la iniciativa fue que la Defensoría tenga un presupuesto oficial, “como lo establece la Carta Orgánica Municipal”, dijo. La joven defensora, comentó que actualmente la dependencia funciona con un presupuesto de poco más de $3.000 mensuales. “Necesitamos la colaboración de un asesor legal, uno contable y un personal administrativo para la Mesa de Entradas”, explicó González Niveyro, quien señaló que no se le reconocen viáticos. “Ni teléfono celular asignado por la municipalidad; me manejo con el mío”, graficó.

“Creo que necesitamos tener un presupuesto mayor, porque la Defensoría está funcionando muy bien; mucha gente se acerca a plantear los problemas, y necesitamos más recursos para apuntalar el trabajo”, señaló la defensora.