Condenaba al gobernador electo a indemnizarlo con $ 8.000 por injurias. El caso data del año 2006
El ahora titular de la Unión de Trabajadores de la Salud manifestó que irá a la Corte “porque ha habido cuatro jueces que evaluaron el caso y fallaron a favor”. Y manifestó: “Es para retribuir el buen accionar de cuatro profesionales que de esta manera quedan deshabilitados”.
Para el médico, el fallo obedece a que los jueces le responden al gobernador electo. “Tiene que ver con un Tribunal que tiene que rendirle respeto a su máxima autoridad”, consideró.
“Creo que le están diciendo: señor gobernador nosotros estamos con usted”, explicó Altamirano. Su abogado es el ex legislador juecista Miguel Ortiz Pellegrini, para quien el fallo no merece comentarios. El letrado coincidió en la voluntad de acudir a la Corte Suprema de Justicia. "Es una cuestión de honor", manifestó.
Para Altamirano, el hecho de recurrir al máximo organismo judicial es una “obligación moral”. “Voy a defender mi buen nombre, hasta la última instancia”, dijo.
De la Sota había sido condenado en primera y segunda instancia a pagarle una suma algo superior a los 8 mil pesos a Altamirano. La causa data de 2006, cuando el por entonces gobernador lo señalara públicamente por haber sido sancionado por el Tribunal de Ética del Consejo de Médicos.
La sanción era real y tuvo que ver con un caso de mala praxis, cuestión que es admitida por Altamirano. “El médico que rechazó los concursos parece que no quiere concursar porque tiene una sanción ética por mala praxis y no podrá ganar”, había dicho entonces De la Sota.
Esto motivó que el referente de la UTS lo demandara por injurias. Del proceso se desprendieron dos fallos a favor del médico; el primero fue en febrero de 2009, y bajo el arbitrio del juez Daniel Suárez.
Ahora se conoce la determinación del TSJ, duramente criticada por Altamirano que revierte el fallo. La sala Civil y Comercial del Tribunal que integran Armando Andruet, Carlos García Allocco y Domingo Juan Sesin argumentó que Altamirano, al ser un referente de un sector, puede ser equiparado a un funcionario que tiene una “protección débil” cuando se involucra en debates sobre cuestiones públicas.
Y también adujeron que en este tipo de casos lo que debe primar es la libertad de expresión. “Da vergüenza lo que dice. Compararme con un funcionario público cuando en esa época al igual que ahora sigo siendo un don nadie, es demasiado”, concluyó el médico.

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