La iniciativa del kirchnerista Alejandro Rossi de que los jueces federales y nacionales sean sometidos a exámenes cada cuatro años para que demuestren su conocimiento del derecho divide a los propios diputados oficialistas por Tucumán. Mientras Gerónimo Vargas Aignasse suscribió entusiastamente el proyecto de ley, Alfredo Dato se pronunció absolutamente en contra.

"Me parece una barbaridad. Someter a los jueces a un examen de sabiduría supone que hay una idoneidad subsistente. Los tribunales tienen mecanismo para determinar cómo funcionan los juzgados, que son los que se deben implementar". Así justificó Dato el hecho de que no haya refrendado la propuesta.

El ex magistrado destacó que, mediante auditorías, se puede evaluar el rendimiento de cada despacho; las demoras en emitir sentencias y el número de fallos revocados, entre otros aspectos, que cubren aspectos cualitativos y cuantitativos. Entonces, a partir de estos indicadores se puede pedir, eventualmente, la remoción de un juez.

Dato insistió en el mismo concepto: "hay instrumentos de control interno que se deben aplicar. En este momento no es posible hacerlo en la Justicia de Tucumán por la gran cantidad de vacantes que hay, pero se lo debe implementar ni bien se normalice la situación. Este es el camino para detectar las disfunciones".

No obstante, el diputado reconoció que pesan objeciones sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, que debería ser el encargado de ese control. "El debate versa más sobre quienes lo integran que sobre el fondo; es decir, sobre su funcionamiento. Los jueces no deben ser héroes, pero toman riesgo. No es posible que se los apriete, en el peor sentido del término", dijo.

Los cruces

Vargas Aignasse reprochó las críticas formuladas por algunos oficialistas al proyecto -como las expresadas por Dato- y las vinculó a una estrategia personal.

El legislador se manifestó con contundencia. "Es más fácil y conveniente ponerse del lado de la corporación judicial y quedar bien que expresar lo que uno realmente cree. Estamos convencidos de que la Justicia debe mejorar y apostamos a lograrlo sin perjudicar ni perseguir a nadie. No se puede suponer que por proponer algo se está en contra de otros. Eso demuestra la falta de evolución democrática de la sociedad", se quejó.

El diputado volvió a la carga. "Me horroriza que se horroricen, que los medios y un sector importante de la Justicia se alteren tanto frente a la posibilidad de que un juez sea evaluado en su idoneidad cada determinada cantidad de tiempo, cuando esto tiene que ver con sostener el compromiso con la magistratura en tanto saber derecho y seguir estudiando. La inamovilidad no es un derecho absoluto, sino que se lo puede legislar para mejorar la calidad de la Justicia", resaltó.

Vargas Aignasse recordó que en algunas provincias (como Neuquén) ya se aplica un mecanismo similar, y recalcó que todo hombre público está sometido a un control de idoneidad y de competencia para mantenerse en el cargo. "Los docentes universitarios, que forman a los jueces, deben rendir examen para seguir en la cátedra, y con cuánta más razón quienes deciden sobre la libertad o el patrimonio de las personas", subrayó.