El gobernador José Alperovich no suele soltarle la mano a sus funcionarios cuando se desatan polémicas, y menos si las irregularidades se ventilan a través de los medios de prensa. De esta manera, nadie esperaba que ayer el titular del Poder Ejecutivo tuviera declaraciones duras en contra de Pablo Yedlin, ministro de Salud Pública, a quien el Tribunal de Cuentas de la Provincia multó con el equivalente a cinco sueldos por irregularidades en la contratación de sus cursos de capacitación.

La investigación administrativa del Tribunal de Cuentas determinó la apertura de una causa penal, que quedó a cargo de la fiscal María de las Mercedes Carrizo luego de semanas de idas y vueltas, aunque el expediente no registra avances significativos.

De manera escueta, Alperovich consideró que Yedlin "es un gran ministro de Salud, es un hombre totalmente honesto, confío plenamente en él". Sobre lo actuado por el órgano de control se limitó a decir que el Poder Ejecutivo acatará la resolución.

Hay que destacar que mediante la Acordada 990, el Tribunal de Cuentas imputó a Yedlin, junto Alberto Sabaj (subsecretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y Daniel Alvarez Garmendia (Director general de Recursos Humanos, de haber incurrido en graves "irregularidades administrativas" y "transgresiones legales" en la contratación de la Fundación Salud (Funsal) para el dictado de cursos de odontología, destinados a personal del SIPROSA, por un monto de 800.000 pesos.

Entre otras anomalías reflejadas en la Acordada, que lleva la firma de los tres miembros del TC: Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, se resaltó el hecho de que la fundación fue inscripta, para funcionar como tal y poder cobrar por sus servicios, tres meses después del inicio de los cursos (la capacitación se comenzó a dictar en mayo de 2009 y Funsal se creo en agosto de ese mismo año).

Además, se informó que, conforme a los listados remitidos por las autoridades, de los 168 asistentes a los cursos, 78 (casi la mitad), no prestan funciones en el Siprosa.

El TC también advirtió que la contratación directa de Funsal, cuyo titular es el profesional chileno Héctor Silva Olivares, no fue sometida al control preventivo del organismo, según lo establece la Ley de Administración Financiera (las anomalías se detectaron cuando el Ministerio ordenó el pago de los 800 mil pesos).

Yedlin se defiende

Yedlin también defendió públicamente su accionar y explicó que según su parecer "los odontólogos que fueron capacitados existen en una lista donde figuran junto a todos sus datos personales; el curso fue dado, lo que demuestra que no existe ninguna intención de dolo ni daño a los bienes públicos".Eso sí, admitió que "se advierten errores administrativos que marcan responsabilidades en Alvarez Garmendia, Sabaj y en mí".

También explicó que "se está llevando adelante una investigación sumario para evaluar realmente las responsabilidades administrativas para ver donde estuvo el error. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando normalmente".

El expediente que dio a conocer el Tribunal de Cuentas fue remitido a la Justicia, que hasta el momento avanzó poco y nada en el esclarecimiento del asunto.

Las repercusiones políticas no tardaron en llegar y el legislador provincial José Luis Bussi, del Partido Republicano emitió un comunicado en el cual afirma que "·si hubiera un poco de decoro en el ejercicio de la función pública, Alperovich debería solicitar la renuncia de Yeldin. Sabemos que esto no va a ocurrir, por eso exigimos su renuncia".

Por último, el Tribunal también pidió merituar la responsabilidad administrativa de los miembros de la Fundación Luis Francisco Chincarini, Christian Guillermo Cuneo, Pedro Eusebio Sisali y Julio Walter Fernando Paz, además empleados del Siprosa.