Una vez más, la Cámara en lo Contencioso Administrativo deberá dirimir un conflicto que toma carácter público, dado que el gobernador, José Alperovich, ratificó su postura de promulgar la ley recientemente sancionada por la Legislatura, que dispone retirarle a los abogados, a través de su caja previsional, el manejo de las cuentas judicialmente inmovilizadas.

De este modo, el control financiero de las 70 mil cuentas que eran administradas por la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán (CPSSAPT) pasarán a ser manejada por el poder Ejecutivo.

Por este motivo, de acuerdo a lo señalado por el presidente de la CPSSAPT, Pedro Yane Mana, los abogados promoverán las acciones judiciales. “El gobernador aseguró que ya tiene una decisión tomada. Aunque insinuó que las condiciones para el dialogo están dadas, fue determinante a la cuando dijo que va no cambiar su postura”, señaló Mana en declaraciones a la prensa. Añadió, que el fuero al que apelarán en primera instancia será la Cámara en lo Contencioso administrativo, dominio judicial que durante el año tuvo sucesivas intervenciones en conflictos que la prensa trasladó a la opinión pública.

“Es una medida inconstitucional que nos despoja de fondos que la caja administra hace 60 años. Por este motivo, pasada la feria, avanzaremos con las medida” concluyó Mana.

Cabe remarcar que de la Caja dependen cerca de 7000 profesionales, entre activos, jubilados y pensionados, entre los cuales se encuentran 500 beneficiarios directos. También es necesario recalcar que la cifra anual en intereses que percibía la citada institución asciende de los 12 a 15 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por el titular del Colegio de Abogados de la provincia, Eudoro Aráoz.