El gobernador José Alperovich se mostró contrario a coparticipar los fondos que se recaudan por la Ley del Cheque, tal cual pretende la oposición, y fundamentó su posición en el hecho de que Tucumán tiene más para perder que para ganar. En su vuelta luego de la operación de reconstrucción de uretra a la cual fue sometido el Buenos Aires, el titular del Poder Ejecutivo se mostró animado y a pesar de la lluvia fue hasta Villa Angelina para visitar un CAPS junto a Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación.

Alperovich dijo que Tucumán resignaría 500 millones de pesos en caso de prosperar la iniciativa opositora. "No todo es coparticipación", reconoció al gobernador en su charla con la prensa. En la Casa de Gobierno se preparan para acudir al llamado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien pretende discutir con los mandatarios provinciales una nueva Ley de Coparticipación, una vieja deuda de la democracia.

En 1.988 se sancionó la Ley 23.548, que estableció el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias. Como su nombre lo indica, la normativa no tenía un carácter definitivo, sino que estaba previsto que no durara más de dos años. Pero veintidós años después, y con varias modificaciones, sigue siendo la base de la distribución federal de la recaudación tributaria.

Ayer, Alperovich admitió que a Tucumán (que tiene una coparticipación del 4,75 por ciento, lo que representa para 2.560 millones de pesos para 2010, además de 500 millones para el Incentivo Docente), ingresan otras partidas desde el gobierno central con las cuales se realizan obras. Se refiere a herramientas como el Programa de Asistencia Financiera (PAF), mediante el cual refinancia la deuda de las provincias; el Fondo Federal Solidario, que distribuye parte de la recaudación por retenciones a la soja o las transferencias corrientes. Todos estos giros son consecuencia de voluntad política y por la misma razón se pueden dejar de realizar.

El año pasado el Gobierno Nacional recaudó por impuesto al cheque cerca de 23.000 millones de pesos. Se estima que en 2010 esa cifra crecerá entre el 25 y el 30%, con lo que entrarían a las arcas de la AFIP como mínimo 29.000 millones de pesos. Hoy se coparticipa el 30% del tributo y, de ese porcentaje, el 14,7% va a las provincias, el 5% a Seguridad Social y el 0,3% al Fondo de ATN. Si se distribuyera el ciento por ciento del gravamen, las provincias pasarían a recibir el 50% de lo recaudado. Ese aumento del 35% implicaría que entre 10.000 y 11.000 millones de pesos se desviarían desde la Nación a las arcas provinciales. La más agraciada sería Buenos Aires, que, según los cálculos de la consultora Abeceb.com, recibiría 1.854 millones de pesos. Le seguirían Santa Fe, con $ 754 millones extras y Córdoba con ingresos por 750 millones de pesos.

Estos giros, tal como lo establece el régimen de coparticipación, serían automáticos y es ahí donde radica la diferencia. En 2009 el Gobierno entregó cerca de 12.000 millones en transferencias corrientes a las provincias y casi 7.000 millones por el Fondo Solidario. En términos económicos puede que no haya variación. La Nación tiene el poder de compensar (y con creces) la pérdida de ingresos por impuesto al cheque restringiendo aquellas asignaciones discrecionales. Pero la ganancia de los gobiernos provinciales sería entonces una mayor libertad política, ya que evitarían las condiciones que hoy deben cumplir para el Gobierno los rescates de sus ahogos financieros.