El Gobernador insistió en que la provincia no tiene los casi 200 millones de dólares con los cuales se debe indemnizar a la multinacional francesa Vivendi por la rescisión del contrato durante en 1997, durante el gobierno de Antonio Domingo Bussi. Contactos con la Nación.
Vivendi demandó al país y en 2007 obtuvo un dictamen favorable para ser indemnizado por 105 millones de dólares. Los abogados argentinos apelaron la medida, pero el Ciadi finalmente rechazó el pedido. Ahora el país deberá pagar los 105 millones que solicita la compañía más intereses y costas, que elevarían la cifra, según la empresa, a 200 millones. Otras versiones fijan el monto total en 170 millones de dólares.
"Yo hablé con el Procurador General del Tesoro, van a ver qué se hace porque apelar no se puede", explicó. Asimismo, informó que estuvieron evaluando la manera en que la Nación pueda refinanciar esta suma a la provincia. Es un problema nuestro que hay que pagarlo", manifestó el Gobernador en su habitual ronda de prensa.
Alperovich considera que "todavía es muy pronto para evaluar este fallo y hay que esperar. El juicio es una problemática de la Nación, con abogados de la Nación, y nosotros debemos pagar el juicio en definitiva pero como no tenemos el dinero, deberemos pedir la refinanciación al Gobierno Nacional", expresó.
Según el Gobernador, el pago de la indemnización no alterará el ritmo de su gestión. "Hay que ver cómo se paga pero nosotros debemos seguir brindando soluciones a la gente", dijo. "Por el momento no altera, es un problema preocupante y queremos resolverlo", agregó.
"Anoche, por ejemplo, hemos estado trabajando con el ministro de Economía (Jorge Jiménez) y el ministro del Interior (Osvaldo Jaldo) para hacer lo mismo que se hizo en los municipios, hacerlo en las comunas por un monto de 20 millones de pesos", reveló.
Respecto a la media sanción en Diputados de la reforma del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Primer Mandatario provincial señaló: "Lo que es el legal y se aprueba, bienvenido sea".
El gobierno tucumano, con Antonio Domingo Bussi a la cabeza, recibió en 1997, dos años después de que entregara el servicio a Vivendi, varias denuncias de parte de usuarios porque les estaba llegando agua turbia a sus casas desde hacía veinte días. Ante esto y el fuerte ajuste de sus tarifas, se le rescindió el contrato de concesión de aguas y cloacas en la ciudad de San Miguel a Aguas del Aconguija, subsidiaria de Vivendi. La empresa francesa demandó al Estado argentino. En 2000 el tribunal interviniente le dio la razón a la Argentina, pero en 2007 el Ciadi emitió un segundo fallo en el que se sostenía que la caída de la concesión "contravenía" la protección de los inversiones extranjeras garantizadas en un tratado francoargentino.
Comentá la nota