Sus primeras manifestaciones fueron dubitativas, sin mayores precisiones y apeló a ellas, casi, como para poder esquivar una consulta más profunda sobre la temática. Una semana después, si bien lo escueto de la alocución también caracterizó la postura adoptada en esta ocasión, sirvió para explicitar cuál será la forma de abordaje que la Provincia aplicará sobre un polémico aspecto social.

El Gobernador José Alperovich, señaló ayer que Tucumán obedecerá el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al aval otorgado a la práctica del aborto en caso que la concepción se concrete a partir de una violación.

Al respecto, el Primer Mandatario, más allá de resaltar que su gobierno "está a favor de la vida", acto seguido especificó que "tenemos que apoyar el fallo judicial, no podemos desobedecer a la Justicia, si lo hiciéramos viviríamos en una anarquía", adujo en razón de los diversos posicionamientos que hicieron público otros gobernadores, algunos apoyando la medida y otros en clara oposición a la misma.

La sentencia en cuestión (donde clarifica los alcances y reduce las interpretaciones posibles que recaían sobre el artículo 86 del Código Penal) hace hincapié en que las víctimas de abuso sexual tienen derecho a practicarse la intervención médica sin necesidad de autorización judicial y en cualquier hospital público. De esta manera, se busca también dejar de dilatar judicialmente estas situaciones, ya que tanto médicos como centros de salud se niegan, habitualmente, a realizar abortos no punibles sin un expreso aval de la Justicia.

Siguiendo estos parámetros, Alperovich fundamentó su decisión al sostener las mismas razones estipuladas en lo dictaminado por el Máximo Tribunal, pues indicó que: "La Corte dijo que si es por violación o porque la madre puede perder la vida, la Justicia avala el aborto. Todos los argentinos debemos aceptar esa decisión que es bastante clara en estos dos casos".

Las conceptualizaciones vertidas por el gestor de la cosa pública comarcana sustentaron lo establecido desde el propio SIPROSA, pues, en declaraciones a la prensa, la coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva provincial Adriana Álvarez, indicó que los médicos del sistema, a partir de ahora, se regirán por el protocolo ideado por el Ministerio de Salud de la Nación (y que debe ser aplicado por cada una de las jurisdicciones) para el tratamiento adoptado para el caso de mujeres que hayan sido víctimas de violaciones y, por ende, hayan incurrido en la práctica abortiva.

Objeciones opositoras

Justamente, esta situación, alertó a parlamentarios locales, más precisamente a la radical Silvia Elías de Pérez, quien presentó, en la jornada de ayer, un proyecto con el objeto de prohibir la instrumentación de este tipo de protocolos en nuestro territorio, que tengan como meta la interrupción del embarazo a partir de la sola petición de la gestante.

La legisladora cuestionó el avance de esta metodología al resaltar que, de esta forma, se estaría obrando contrariamente a lo referido en el artículo uno de la Constitución provincial donde se reconoce el derecho "a una existencia digna desde la concepción con la debida protección del Estado a su integridad psicofísica con la posibilidad de disponer de una igualdad en las oportunidades", afirmó Elías de Pérez.

Seguidamente, agregó que "las sentencias de nuestros tribunales, incluidos las de la Corte Suprema de Justicia, están referidas al caso particular y no tienen el carácter de una declaración general, es decir obligatoria para todos los que se encuentren en la misma situación". Vinculado a ello, es necesario indicar que la Corte, para su pronunciamiento, analizó un caso suscitado en Chubut donde una joven de 15 años fuera violada por su padrastro por lo que decidió abortar.

A su vez, la correligionaria agregó que "es lamentable que mientras hay sentencias de la Corte Suprema que el Gobierno Nacional y algunas provincias se niegan a cumplir, en la grave cuestión de suprimir la vida, el oficialismo está presto a tomar un fallo como si se tratara de una ley, sin advertir que están violando las constituciones provinciales que, como la nuestra, aseguran la defensa de la vida desde el momento de la concepción".

Por último, la legisladora expresó su compromiso para seguir luchando por un Estado que defienda la vida. "No se puede proponer la muerte como programa de gobierno", concluyó.

En un similar sentido se expresó el PRO Tucumán, al recalcar que causan "repulsión" las declaraciones de Alperovich donde dio cuenta de su acatamiento al fallo descripto anteriormente.

"Dice (el Goberandor) que de no obedecer la ley, viviríamos en una anarquía. Cuánto absurdo, cuánta incoherencia y burla para los tucumanos", expresaron Arturo Forenza (h) y Exequiel Ávila Gallo, vocal y apoderado, respectivamente del partido que comanda a nivel nacional Mauricio Macri. Lo relatado fue con la intención de traspolar, a modo de parangón, con la gestión que viene desarrollando el alperovismo, pues adujeron que a lo largo de este período "se encargó de arrollar cuanta institución se le pusiera enfrente con el único fin de saciar sus caprichos de poderoso y autoritario".

"Desde el PRO estamos a favor de la vida en todas sus acepciones y creemos que el padecimiento que sufren algunas mujeres, dentro de las cuales se encuentran las victimas de violación, no se soluciona con el aborto, con la muerte de niños por nacer. Nada se soluciona con políticas improvisadas, mucho menos si son emanadas de cuerpos o personas que nada 'tendrían' que ver con lo que respecta a las leyes y su sanción", exclamaron los dirigentes aludidos en representación de la agrupación política.

Nada para sorprenderse

En tanto, desde la Red Federal de Familias (RFF), cuyo referente en Tucumán es Pablo Berarducci (concejal del bloque opositor "Por Yerba Buena", de la ciudad jardín), se repudió enérgicamente el pronunciamiento de la Corte al sostener que "pisotea el derecho a la vida del que es titular el niño por nacer" y caracterizó de "lamentable la caradurez del Gobernador" debido a la decisión adoptada, pues sostuvo que desde el Ejecutivo tucumano se señala "estamos a favor de la vida, pero adelante mátenlos". Así también, el edil indicó que esta actitud no debe deparar sorpresas puesto que "hace tiempo su esposa (Beatriz Rojkés) y su senador estrella (Sergio) Mansilla presentaron un proyecto de ley para que se aplique en todos los hospitales el aborto no punible. Y su Vice Gobernador (Juan Manzur) desde el ministerio de Salud de la Nación, promovió el Protocolo abortivo, y según reclamos de organizaciones internacionales además es el responsable de la distribución de la píldora del día después en la Argentina", espetó Berarducci.

Posturas adoptadas en otros distritos

A favor del aborto no punible en caso de violación, que se podrá realizar sin autorización judicial previa, se manifestaron las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, La Rioja, Neuquén, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca, La Pampa y Chubut. En tanto, la primera provincia que se mostró abiertamente en contra de la resolución fue Salta, donde Juan Manuel Urtubey aseguró que los hospitales sólo interrumpirían los embarazos "si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez". Luego el gobernador salteño no se mostró tan inflexible y firmó una resolución para que se implemente el protocolo de aplicación, pero señaló que el pedido de aborto "se considerará autorizado contra la presentación de la denuncia penal de violación o la declaración jurada" que deberá ser realizada "con la asistencia del Defensor Oficial o de Menores e Incapaces, según corresponda".

Otra provincia que tomó una postura contraria fue Mendoza, donde el gobernador Paco Pérez expresó su rechazo a la decisión del Máximo Tribunal. De todos modos, allí la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó una resolución que solicita al Ejecutivo provincial el dictado de los protocolos hospitalarios necesarios para atender casos de abortos no punibles y dar asistencia integral a las víctimas. En tanto, hay un grupo sin definición clara: en San Juan, Formosa, Chaco, Jujuy, San Luis, Entre Rios, Santa Cruz, Corrientes, Santa Fe y Río Negro hubo opiniones dispares entre funcionarios de salud y gobernadores, pero estos últimos todavía no se pronunciaron oficialmente. En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un protocolo, pero limita el derecho al aborto en caso de violación a mujeres con discapacidad mental.