Sostuvo que no conocía a Fernando Cheín quien, tras nueve años, dejó el cargo subsecretario de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad el martes, el mismo día en que se conoció que está siendo juzgado en Salta por delitos de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos reaccionaron con indignación.
Por su parte, el gobernador José Alperovich aseguró ayer que no sabía sobre el tema y que ni siquiera conocía personalmente a Chaín, quien había llegado al cargo hace nada menos que nueve años, cuando el ex bussista Pablo Baillo -a quien también se vincula con el proceso militar- era titular de la cartera de Seguridad.
"Yo siempre dije y lo reitero, si cometió un delito le tiene que caer el peso de la ley, la que tiene que hablar es la Justicia. El Gobierno no va a proteger a nadie", fueron las expresiones del Primer mandatario tucumano, en un intento por despegarse de la situación, que ya le habría significado una reprimenda de la Casa Rosada.
En este sentido, trascendió que desde la "La Cámpora" habrían expresado su descontento por la situación y se espera que en los próximos días surja un pronunciamiento público de la agrupación ultrakirchnerista. Como se recordará, desde ese sector oportunamente ejercieron una fuerte presión para que renuncie a su cargo como fiscal de Estado de Alperovich el abogado Francisco Sassi Colombres, quien se desempeñó como funcionario durante el último tramo de la dictadura militar.
Tal como informó oportunamente EL SIGLO, el ex capitán Chaín está sentado en el banquillo de los acusados desde principios de esta semana, en un juicio oral por los delitos contra los derechos humanos cometidos durante los "años de plomo" en Salta. En concreto, al ahora ex funcionario alperovista se lo juzga por ser presunto autor, penalmente responsable, de la desaparición del conscripto salteño Víctor Mario Brizzi, el estudiante Martín Miguel Cobos, las docentes universitarias Silvia Benjamina Aramayo y Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, todos militantes de la Juventud Peronista.
El juicio oral, que comenzó el lunes en la capital salteña,.se encuadra en una megacausa por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esa provincia que incluye a más de 30 víctimas y que involucra a otros 18 imputados.
“No le creemos al Gobernador”
La noticia sobre la renuncia de Chaín generó una fuerte reacción de los representantes de organismos de derechos humanos en nuestra provincia, que reclamaron públicamente al Gobernador que realice una depuración de su gabinete.
"Lamentablemente, el Estado provincial tiene en sus filas funcionarios que fueron partícipes de la dictadura, como Sassi Colombres (aún se desempeña como asesor de la Fiscalía de Estado), Baillo (en el área de Seguridad) y este señor Chaín, quien además participó de la represión activamente por lo que ahora está siendo juzgado en Salta", se quejó Sara Mrad, referente de la agrupación Madres de Plaza de Mayo en Tucumán. En diálogo con EL SIGLO, la militante agregó que "habrá que ver por qué el Gobernador se obstina de sostener en su entorno a personas vinculadas a la dictadura, algunas de las cuales están siendo investigadas e incluso juzgadas por genocidio".
Mrad fue terminante al sostener: "No le creemos al gobernador cuando dice que no sabía que tenía a Cheín como funcionario y que lo investigaban en Salta por delitos de lesa humanidad. Hubo un largo proceso judicial en torno al caso, a punto que llegó a juicio oral, y no se puede desconocer una investigación que viene llevando adelante la Justicia Federal desde hace tanto tiempo", sentenció.
Por otro lado, recordó que los organismos de derechos humanos "hace mucho tiempo" que vienen "denunciando que hay personas vinculadas al Estado provincial que participaron de la dictadura".
Mrad también resaltó "el cambio que tuvo el Estado desde 2003, con la llegada de Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina, convirtiéndolo en un Estado reparador por medio de la Justicia. Por eso, el Gobierno provincial no se puede apartar de ese lineamiento político. Alperovich se resiste a alinearse dentro de la política que lleva adelante el Estado nacional en materia de derechos humanos", lanzó la titular de Madres de Plaza de Mayo en Tucumán.
Falta de legislación
Por su parte, el abogado de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ex titular del área en nuestra provincia, Bernardo Lobo Bugeau, opinó que "fue una omisión informativa importante la que hizo el Gobierno sobre Cheín, que obliga a realizar mayores esfuerzos para ver la clase de funcionarios de los que se está rodeando el Ejecutivo provincial".
El letrado, quien ofició de querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Tucumán, sostuvo que "lamentablemente no hay en la provincia una ley sobre compatibilidad para el ejercicio de la función pública, que permita evitar que personas que hayan formado parte de la dictadura asuman en cargos públicos en un estado de derecho".
Al respecto, opinó que "con esta herramienta, mediante una simple presentación de declaración jurada de quienes estén por ser designados en el Estado, saldrían a la luz este tipo de situaciones vinculadas con el pasado oscuro. Hay una mora del Poder Legislativo en avanzar con este tipo de normativas, que permitirían realizar una depuración fina del gabinete respecto a personas que participaron del gobierno de facto", recalcó Lobo Bugeau en declaraciones a este diario.
El abogado recordó que él mismo integró el gabinete de Alperovich, entre 2003 y 2006, cuando renunció al cargo de Secretario de Derechos Humanos, sin tomar conocimiento del caso de Chaín. "Mientras estuve en el Gobierno, nunca tuve conocimiento sobre este funcionario que ahora fue apartado del cargo, porque no hay una ley que permita conocer ampliamente, y a modo preventivo, los antecedentes de quienes son designados en el Estado", argumentó.
Finalmente, planteó que "la democracia debe crecer y progresar con legislación que no la confunda con ningún período de facto. Este es un esfuerzo compartido que deben realizar el Ejecutivo y Legislativo, también con el acompañamiento de los partidos políticos", completó.
"Acostumbrados"
A su turno, Carolina Frangoulis, de HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), dijo a EL SIGLO que en la agrupación están "entre cansados y sorprendidos por esta situación".
"Ya nos tiene acostumbrados el Gobernador a este tipo de hechos, porque desde que asumió que venimos denunciando a sus aliados bussistas dentro del Estado, como los ejemplos de Sassi Colombres, Miguel Brito (titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo), (Javier) Morof (concejal capitalino, ex bussista, hoy alperovista), Baillo y Mauricio Guzmán (secretario de Cultura)", denunció la joven militante.
Frangoulis advirtió que "la hipocresía del gobernador es abrumadora, por decir que no conocía que en Salta, en un juicio por delitos de lesa humanidad, está como imputado este señor Cheín, que era funcionario de Seguridad y encima llegó de mano de Baillo". "Venimos denunciando esta situación desde hace tiempo y el Gobernador hace oídos sordos, nunca convocó a los organismos de derechos humanos para escuchar nuestros reclamos", manifestó.
Por último, la integrante de HIJOS opinó que Alperovich "tiene que pedir disculpas públicas y revisar a quiénes tiene a su alrededor".
“Hay que abrir los archivos”
En tanto, el ex legislador provincial y líder de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, sostuvo que “los que colaboraban en la dictadura son autoridades de las municipalidades, intendentes, concejales, asesores en el Poder Legislativo y también algunos son funcionarios del Gobierno, o están refugiados en el Poder Judicial”.
Por este motivo, el dirigente consideró que “no queda otro camino que abrir los archivos de la Policía, para que el pueblo sepa quiénes fueron los colaboradores de la dictadura, porque los que sirvieron al gobierno militar no pueden ser funcionarios en la democracia. Ayer fueron la excelencia del bussismo, hoy son los colaboradores de José (Alperovich)”, sentenció Parajón.
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