Sorprendió en la mañana de ayer el gobernador José Alperovich. En sus habituales declaraciones a los periodistas que cubren sus recorridas matutinas por pequeñas obras en la Capital, el titular del Poder Ejecutivo confirmó que habrá cambios en el Ministerio de Salud Pública, actualmente muy cuestionado por dos investigaciones, una administrativa y otra judicial, por la contratación de la Fundación Salud para dictar cursos de ortodoncia.

Alperovich adelantó que Fernando Avellaneda y José Gandur, dos funcionarios que actualmente están trabajando en Buenos Aires junto a Juan Manzur, Ministro de Salud de la Nación, retornarán a Tucumán.

"Van a trabajar en conjunto con el ministro Pablo Yedlin", adelantó Alperovich, sin adelantar qué cargos ocuparán

Según las versiones que se escuchan en Casa de Gobierno, Avellaneda (secretario Ejecutivo Médico de Manzur) y Gandur (administrativo contable), reemplazarán a Alberto Sabaj, secretario médico del Siprosa y Fernando Peral, ejecutivo contable del Siprosa.

"Han estado en Buenos Aires ayudando al ministro Manzur y creemos que es importante que se sumen a apoyar al ministro Pablo Yedlin y se van a incorporar pronto para trabajar juntos", expresó Alperovich , quien públicamente no habla del escándalo de Funsal y se limita a argumentar que la espinosa cuestión está en manos de la Justicia.

El Tribunal de Cuentas, en los controles previos, detectó irregularidades en la contratación de los servicios de la fundación, que pretendía cobrar 800.000 pesos por el dictado de cursos de ortodoncia a personal del Siprosa.

La investigación judicial, a cargo de la fiscal María de las Mercedes Carrizo, no avanza, o lo hace a pasos imperceptibles y todavía no tiene un juez, ya que los magistrados Francisco Pisa, Víctor Manuel Pérez y Mirta Lenis de Vera se excusaron, por distintos motivos, de intervenir. El tema debe ser resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Penal.

El Tribunal de Cuentas también lleva adelante una investigación y según se supo, ya comenzó a citar a algunos de los presuntos asistentes a los cursos, entre los cuales figuraría personal auxiliar del Siprosa, de distintos sectores, que se mostraron sorprendidos cuando recibieron las citaciones.

La cuesitonada lista de asistentes a las jornadas de capacitación, que podría despejar muchas dudas, jamás fue a dada a conocer por las autoridades del Siprosa.

Según la investigación previa del Tribunal, Funsal habría carecido de la correspondiente personería jurídica cuando emitió las facturas por el dictado del curso.