Se dio otro paso en la investigación del caso de pensiones truchas por invalidez en Candelaria y se allanó una oficina del Ministerio de Desarrollo Social, que funciona al lado de la municipalidad de la antigua capital. Allí secuestraron al menos 70 expedientes de beneficiarios irregulares. En junio trascendió que personas, generalmente del entorno familiar cercano a la comuna local, gozaban de las asignaciones destinadas a discapacitados.Efectivos de la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos de la Policía allanaron una oficina de Desarrollo Social de la Nación, que funciona en un espacio lindante a la Municipalidad de Candelaria. Así se dio continuidad al caso de pensiones truchas por invalidez que eran otorgadas desde esa dependencia, mayormente a familiares cercanos al ejecutivo municipal.De la oficina nacional, los efectivos se llevaron al menos 70 expedientes que tendrían vinculación con la investigación.

Sello robado

Además trascendió que en las certificaciones de los “discapacitados” figuraba el sello del director del hospital de Candelaria, Raúl Pereyra. Supuestamente el galeno diagnosticaba la discapacidad a los beneficiarios.De acuerdo con fuentes de la investigación, Pereyra había denunciado que le robaron el sello y descubrió que personas a las que había descartado discapacidad alguna, figuraron posteriormente en la lista de beneficiarios.Ahora, la Justicia citará a los beneficiarios de las pensiones irregulares y quienes deberán justificar el acceso al beneficio y explicar con qué funcionarios tramitaron los documentaciones.