Hubo allanamiento en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ayer, por orden de la Justicia, la Policía retiró de ese organismo de control documentación vinculada a la causa penal que se sigue contra el fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone.

Esta disposición judicial indica que el juez penal Guillermo Bustamante se abocó a la investigación y a las medidas solicitadas por la fiscal, Daniela Zágari.

"Pasan cosas más importantes acá", sin aclarar cuáles, le señaló el Fiscal subrogante Adrián Otero al reportero gráfico de este diario, apostado frente a la sede del organismo mientras se encontraban los efectivos policiales en el lugar.

Agregó que ellos habían llamado a la Policía para entregarle el legajo de la empleada que presentó la denuncia contra Ponzone, versión que finalmente fue descartada. La presencia de los uniformados estuvo vinculada a una orden del juez en la investigación por el delito de "coacción" en el que presuntamente habría incurrido el Fiscal de Investigaciones que ayer no se encontraba en el organismo.

Esta medida se relaciona a la recolección de pruebas que junto con las declaraciones testimoniales y otras medidas ofrecerán al juez un panorama de los hechos que, una vez evaluados, le permitirán citar o no a declarar en calidad de indagado a Ponzone.

Pasado el mediodía y ante la consulta de este medio sobre la presencia policial en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en el juzgado a cargo de Bustamante se confirmó el retiro de documentación.

El avance de la investigación complica la situación de Ponzone. No pasó desapercibida y fue llamativa la presencia en el mismo juzgado del secretario Legal y Técnico del gobierno, Nicolás Rochas. Ponzone fue su segundo antes de su asunción en la Fiscalía, incluso esa concurrencia se asoció con el interés en la causa por parte del oficialismo, planteando el respaldo que el vicegobernador Carlos Peralta garantiza todavía al actual titular del órgano de control externo. El futuro inmediato de Rochas se lo ubica en la secretaria de la Legislatura, reemplazando a Luis Ramaciotti.

Contra Ponzone pesa una denuncia penal presentada por la empleada María Cortés ante el maltrato recibido por parte del funcionario y que ahora se trasformó en una causa bajo la figura de coacción, definida como "la violencia física, psíquica o moral que alguien ejerce sobre otro individuo con el objetivo de obligarlo a que diga o haga algo contrario a su voluntad".