El procedimiento realizado ayer por la Justicia en un domicilio de General Roca por el juez Rubén Norry y el fiscal Miguel Fernández Jahde no representa otra cosa que el atropello de las corporaciones sobre la ciudadanía civil, dice un comunicado de la UCR.
“Estamos, ni más ni menos, que ante un flagrante avasallamiento de las garantías civiles de nuestra sociedad por parte de funcionarios judiciales permeables a las presiones de las grandes corporaciones que nada tienen que ver con el respeto de los derechos de los ciudadanos de nuestra provincia”.
“No debe haber en nuestra provincia antecedentes de un hecho semejante como el de ayer, que para variar, tuvo el mismo resultado que han tenido todas las denuncias orquestadas por el clan Soria: negativo. Sólo que esta vez, más allá de ir por el Poder Ejecutivo, este accionar fue avasallo y pisoteó todos los derechos y garantías de ciudadanos comunes, dejando en evidencia la total falta de respeto hacia esos preceptos que existe en algunos sectores”.
“El espectáculo montado para realizar ese allanamiento, en el que no encontraron absolutamente ninguna de las cosas que se habían denunciado por parte del licenciado en denuncias que tiene el PJ, con un despliegue periodístico aportado por la corporación económica, no hace más que confirmar que se trató de otra burda maniobra orquestada por el Frente para la Victoria con la complicidad de un sector de la Justicia”, finalizó el Comité Central


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