En el procedimiento, un testigo reconoció que concurría a esas oficinas para cobrar el alquiler del departamento que ocupaba Jaime en Av. del Libertador al 600, lo que para la Justicia es una evidencia más de la existencia de una relación inconveniente entre el ex funcionario y la empresa a la que debía controlar.

El juez federal Norberto Oyarbide se puso al frente del allanamiento realizado en la tesorería de la empresa Terminales de Buenos Aires (TEBA), que dirige Néstor Otero, el empresario que recibió al magistrado y al fiscal Carlos Rívolo.

El procedimiento se realizó luego de que se descubrieron contratos de alquiler de un departamento de la avenida Cerrito 1518, 8° A. El pago del adelanto del alquiler y las negociaciones para concretar la operación los realizó TEBA, a través de su vicepresidente, Edgardo Preiti, fiador del funcionario, según el contrato de locación.

La misma empresa avaló la operación de alquiler de otro piso, ocupado por Jaime desde 2007, más grande, situado a la vuelta, en Avenida del Libertador 654, piso 12. El fiador que figura en el contrato es Gabriel Akerman, directivo de TEBA.

El acuerdo firmado entre 2007 y 2009 fue suscripto directamente por Alfredo Pielach, directivo de TEBA. Al allanar ese piso se encontraron boletas de servicios, tarjetas de crédito y televisión por cable a nombre de Jaime, entre 2007 y 2009, lo que permite sospechar que el ex funcionario vivía allí.

Ambos inmuebles pertenecen a la sociedad Frans Bell, del ex futbolista Fernando Redondo y su hermano Leonardo. Ayer también volvió a declarar como testigo Fernando Redondo, quien dijo que ahora sí recordaba ese contrato, a pesar de que la primera vez no pudo hacerlo.

El allanamiento se realizó en compañía del testigo Daniel Burztyn, quien reconoció el lugar donde concurría a cobrar los alquileres. Esos pagos se hacían a veces en efectivo y a veces en cheques, por eso la Justicia le pidió al Banco de Galicia, donde tienen cuenta los Redondo, copias de esos valores, y las empresas de donde provenían. El testimonio sumó evidencias acerca de cómo Jaime financiaba su vida con su sueldo como funcionario de la Secretaría de Transporte, entre 2003 y 2009.

Ahora la Justicia estudia si este nuevo hecho es parte de la causa de enriquecimiento ilícito o si constituye el supuesto delito de recibir dádivas, que comete un funcionario cuando acepta regalos en función de su cargo y se espera algo a cambio.

OYARBIDE DENUNCIÓ AMENAZAS

* El juez federal Norberto Oyarbide denunció que ayer fue amenazado. De acuerdo con lo que informó el magistrado a la policía, una persona que no se identificó llamó a su casa y le dijo a la mujer que trabaja allí -a quien llamó por su nombre- que Oyarbide había sufrido un atentado. "Hola, Mabel, era para avisarle que al juez acaban de pegarle un tiro en el estómago, para que le avise a la familia". El magistrado, a quien nada le sucedió, no se encontraba en su domicilio. Al regresar, radicó la denuncia en la comisaría 17 (de Recoleta), según informaron a LA NACION fuentes de su juzgado.