Ante la solicitud del fiscal Carlos Rívolo, el juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento del departamento ubicado en Juana Manso 740, piso 25, en Puerto Madero, propiedad del vicepresidente de la Nación, como el propio Amado Boudou hizo público en su declaración jurada en 2011. La diligencia se realizó en el marco de la causa que más centimetraje le ha brindado a los medios hegemónicos en los últimos dos meses: el caso Ciccone.

En el domicilio no reside el vicepresidente sino que desde hace dos años está alquilado por Fabián Carosso Donatiello, como constaría, según fuentes de acceso a la causa, en el expediente.

Es público que el abogado Carosso Donatiello está radicado en Madrid desde 2010, y ha visitado la Argentina con cierta periodicidad. Los viajes de Carosso Donatiello pueden comprobarse en los informes que la Dirección Nacional de Migraciones presentó en sede judicial. También trascendió que Carroso Donatiello alquiló el inmueble a mediados de junio de 2010, mediante la gestión realizada por su amigo Alejandro Vandenbroele y por José María Núnez Carmona, este último, amigo personal de Boudou desde la juventud. Ambos declararon que el contrato de locación fue firmado por el vicepresidente en Buenos Aires, y por Carroso Donatiello en Madrid. Y más: que Vandenbroele, titular de la ex Ciccone, no conoce, por lo tanto no mantiene ni mantuvo vínculo de amistad con Boudou.

Según trascendió ayer en fuentes tribunalicias, horas después de la diligencia judicial, del allanamiento surgió que el inmueble estaría deshabitado desde hace dos meses, y que allí se encontraron tres teléfonos inalámbricos. Ayer también se allanó la administración del edificio. En el lugar se encontró un recibo que mostraría que Vandenbroele habría pagado en el Banco Santander Río en agosto de 2011 las expensas del departamento alquilado por su amigo radicado en España, y también que Vandenbroele sería el contacto que presentó Carosso Donatiello ante la administración del inmueble para que lo informen ante inconvenientes o novedades que hubieran en el edificio. Si es así, el dato confirma lo confirmado: Carosso Donatiello y Vandenbroele son amigos. Y algo más: las expensas las paga el locatario o a quien a este elige para que lo represente ante la administración del consorcio. Y no al propietario. Cualquier inquilino, lo sabe. Entonces: ¿por qué anoche TN, por caso, repetía una y otra vez que Vandenboele le pagó las expensas a Boudou, si en verdad lo que habría pagado son las expensas de su amigo que vive en Madrid por el departamento que es propiedad del vicepresidente? La respuesta redunda de obviedad: para poder sostener su operación mediática.

Entonces, lo concreto es que la medida judicial dio pie a una obvia operación mediática, en la que se instaló durante la tarde de ayer que se había allanado la casa del vicepresidente, algo, por cierto, expresamente inhibido por la Ley 25.320 de protección de fueros. La norma expresa la imposibilidad de un magistrado de allanar el domicilio particular de un funcionario amparado por sus fueros, pero el objetivo de la medida solicitada por el fiscal Rívolo contemplaba el hecho de que el vicepresidente tenía alquilada esa propiedad y no era su residencia. Clarín, al armar su relato, obvió este detalle.

PERO LA OPERACIÓN TAMBIÉN TUVO OTRA FINALIDAD. Por un lado, el allanamiento permitió reforzar la embestida mediática contra el vicepresidente. La diligencia judicial, según la seguridad del propio edificio, contó con la presencia de ciertos medios de comunicación –léase del Grupo Clarín– que llegaron al lugar casi en simultáneo con los efectivos de Gendarmería que ingresaron al inmueble. Esta filtración a la prensa, según el abogado Diego Pirota, letrado de Núñez Carmona en la causa, tuvo una expresa intencionalidad: “Publicar información inexacta generando un grave alerta institucional por tratarse de una causa en la que está mencionado el vicepresidente de la Nación.” Y agregó Pirota: “La semana que viene haré una presentación contundente en el juzgado para que se investigue la filtración.” Y destacó la gravedad que representa que “los abogados presentados en el expediente no se nos permita tener contacto con la causa”.

En que radica la queja de Pirota: durante el mediodía de ayer se realizó un careo entre Guillermo Gabella, director de la empresa Boldt SA, –señalado por Boudou como responsables de la campaña de difamación en su contra–, y Lautaro Mauro, asistente del gobernador bonaerense Daniel Scioli. El careo concluyó a las 12. Dos horas después, señaló Pirota, se impuso el secreto de sumario y se ordenó el allanamiento. Secreto, por lo visto, para los abogados, pero no para cierto sector del periodismo. Filtración que posibilitó el montaje mediático que permitió ocultar una información clave surgida ayer en el expediente. Un dato no menor: Gabella, hombre clave de Boldt, fue denunciado por falso testimonio. Un tema, al parecer, insignificante para los grandes medios.

Gabella sostuvo ante la justicia, el 3 de abril, en una audiencia testimonial, que en una reunión mantenida el 22 de octubre de 2010 en la cafetería del Hotel Cesar Park con Núñez Carmona, y ante la presencia de Mauro –encuentro del que este último habría sido intermediario–, Núñez Carmona le habría señalado al directivo de Boldt que el gobierno nacional pretendía quedarse con Ciccone, y que por esa razón la compañía que comanda el empresario, de probados vínculos con el duhaldismo, Antonio Tabanelli debería entregar la planta industrial. Gabella calificó ese encuentro como un “apriete”. Pero su versión fue categóricamente desmentida por el único que presenció del encuentro, el sciolista Lautaro Mauro, que el mismo Gabella había mencionado como testigo. Lo que motivó la denuncia por falso testimonio contra Gabella radicada por el abogado Pirota ante el juez Rafecas. El testimonio de Mauro, a la vez, contradice de hecho las versiones que intentan introducir en esta trama un supuesto enfrentamiento entre el sciolismo y el gobierno central.

Tras la hojarasca mediática, lo concreto es que uno de los hombres fuertes de Boldt deberá enfrentar ahora una denuncia por falso testimonio. Y que del allanamiento realizado en Puerto Madero surgió lo que ya se sabía. Lo había declarado el juez Rafecas el último domingo en el semanario Perfil: “Hasta ahora no ha aparecido nada (para vincular a Boudou y a Vandenbroele), absolutamente nada, salvo la cuestión un tanto floja, pero bueno, algo es algo, de que Boudou le alquila el departamento que es de su propiedad a un muchacho que es abogado que se llama Carosso Donatiello”. Nada nuevo.