El magistrado ordenó allanar oficinas del Gobierno porteño para averiguar la actuación de Angel Enrique Rodríguez, funcionario del ministerio de Desarrollo Económico, área en el cuál recayeron las denuncias de la UOCRA, sobre el peligro de la obra en construcción en Villa Urquiza.

La actuación del juez se originó en una denuncia del representante del MST-Nueva Izquierda en la Legislatura, Marcelo Parrilli, quien pidió la imputación del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y el director General de Protección del Trabajo, Ángel Enrique Rodríguez, por el delito de "violación de los deberes de funcionario público".

Parrilli declaró a Radio Rivadavia que lo acusó a Macri "porque puso un inútil a cargo de la oficina de la Dirección General de Protección del Trabajo". Además, señaló que "Macri nombró por medio de Cabrera a Rodríguez afirmando que era idóneo y no era así. Los inspectores que mandó Rodríguez a controlar la obra tampoco tienen esa especialidad. Hay expedientes que desaparecen en la oficina que él maneja. El episodio de la calle de Mendoza es un episodio más".

La denuncia sostiene que "No puede dudarse de que el decreto dictado por el jefe de Gobierno (designando a Rodríguez) contiene una afirmación falsa respecto de que posee la idoneidad necesaria para el cargo para el cual fue propuesto y designado, toda vez que carece del título terciario requerido en materia de higiene y seguridad en el trabajo".