Una declaración de sus principios políticos, un certificado de fidelidad al Gobierno nacional y pocos anuncios concretos, fueron los matices que eligió ayer el gobernador, Francisco Pérez para teñir a su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. El mandatario prometió crear una agencia de Recaudación Fiscal, expropiar tierras improductivas con deudas en Irrigación y hacer inversiones en materia de infraestructura y transporte.

El frío de la mañana no los acobardó y desde temprano, afuera de la Legislatura, aguardaron a Pérez dos movilizaciones. Una a su favor, que estuvo integrada por agrupaciones justicialistas y otra en su contra, conformada por gremios estatales y ambientalistas antimineros. En el recinto legislativo, cuando el reloj indicó que eran las 10.13, el Gobernador empezó a pronunciar su discurso que terminó una hora y treinta y dos minutos después y en el que no se permitió ninguna improvisación fuera del texto impreso, con excepción de unas cuantas lágrimas de emoción.

Su público fueron sus ministros y secretarios y los legisladores e intendentes de todos los colores políticos, ya que hubo pocos ausentes.

El prólogo fue casi igual que el epílogo. Las primeras páginas de su alocución fueron dedicadas exclusivamente a una exposición de su ubicación política respecto de la función del Estado. Pérez aseguró que existen "principios rectores que fundan, motivan y motivarán la mayor parte de mis decisiones, de mis políticas públicas y las de mi equipo de gobierno". Para terminar, reflexionó acerca de los beneficios de tener "un espíritu grande", enfatizando el slogan de su Gobierno.

A pocos anuncios el Gobernador puso números y plazos. De hecho, los intendentes oficialistas reconocieron haber escuchado un discurso "más político que de gestión" (ver página 4). Pérez advirtió que enviaría algunos proyectos a la Legislatura. Entre ellos, uno para crear una Agencia de Recaudación Fiscal, para que sea "una herramienta con autarquía que dará mayor agilidad" y otro para fomentar "el nuevo régimen de compras y contrataciones" del Estado.

A la manera de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habló de "expropiación de tierras". Sostuvo que a través de un proyecto propondrá "el debate en relación a proceder a la expropiación de las tierras abandonadas cuya deuda con Irrigación supere el avalúo fiscal" y que eso le permitiría reintroducir más de 13.000 hectáreas en el sistema productivo. Además, dijo que impulsará la regulación de tierras sin derecho de agua.

Pérez repitió su anuncio de vivienda para la clase media. Aseguró estar "diseñando una acción conjunta entre la Provincia y el Banco Nación a fin de crear un fideicomiso que otorgará créditos individuales" a familias con ingresos superiores a los 6.000 pesos mensuales, a una tasa fija y en pesos de 12,9 % y con un máximo de 20 años para su cancelación. Con esta herramienta, prometió otorgar hasta 2.000 créditos anuales de 200.000 a 400.000 pesos.

El Gobernador expresó que impulsaría el lanzamiento del programa Iniciar, para jóvenes de entre 18 y 25 años que hayan terminado el secundario, para la obtención de su primer empleo. Las Pymes que contraten a estos jóvenes tendrán incentivos, ya que durante el primer año de trabajo el empleador deducirá, del salario que le paga al joven, 1.000 pesos, que éste cobrará en forma directa a través del programa.

Además de la recuperación de cines departamentales, en materia cultural aseguró que se vienen "10 noches de Vendimia".

El resto de sus promesas tuvieron escasos detalles. Habló de la necesidad de las reformas constitucional y política, una de sus prioridades al asumir, pero sólo se refirió a su compromiso de trabajar por "una agenda abierta". Lo mismo sucedió con el seguro de salud, al que sólo mencionó al referirse a la puesta en marcha de un registro único sanitario.

Habló de obras sin referirse a montos de inversión, lo que ocasionó una de las principales críticas de la oposición (ver página 4). Expresó que pronto se podrá ver "el primer prototipo de trolebuses de fabricación propia"; se construirá "una pista de atletismo de solado sintético única en el país"; se llamará a concurso de proyecto y diseño de una nueva terminal de ómnibus y se licitará la construcción del "Centro provincial de frío". A ninguno le adjuntó detalles tales como recursos o plazos.

Lo mismo ocurrió cuando dijo "pensar como un símbolo para el futuro de la economía de nuestra provincia" el ofrecer una bodega para la inclusión de los pequeños productores vitivinícolas no integrados y que "se está trabajando para que todos los nuevos edificios que licite el Gobierno contemplen criterios de eficiencia energética".

La Nación y la minería

Por si queda alguna duda de su alineamiento con la Casa Rosada, el Gobernador abundó en elogios hacia las políticas nacionales. Habló de que Mendoza es "una provincia con identidad propia en un modelo de país" y, en ese sentido, lanzó: "Desde 2003 hasta 2010, el PBI argentino creció a valores constantes hasta constituirse en el tercero más alto de todo el mundo". Pero, además, declamó: "Somos parte de una Nación que nos modela, tanto como la construimos".

Esa afirmación dio pie al Gobernador para hablar de la estatización de YPF. "Resultó en una decisión histórica de nuestra valiente Presidenta", aseveró entre flores para la mandataria. Pero además, destacó su propia postura respecto del tema. "Identificamos la falencia: desinversión y desidia en zonas concesionadas a Repsol YPF en Mendoza. Una acción que siguieron inmediatamente otras provincias", se jactó Pérez mientras pidió a la oposición la aprobación de la empresa provincial de energía.

Como estaba hablando de energía, se refirió a la minería, un asunto controvertido para su gestión por la resistencia social que genera. El Gobernador defendió su determinación de integrar la Organización Federal de Estados Mineros y dijo que será "claro y categórico" y que no se someterá a "la agenda de algunas editoriales ni la de algunos grupos de presión".

En ese sentido, aseguró estar dispuesto "a fomentar, discutir y respetar los proyectos que se presenten, con voluntad de generar desarrollo y fuentes de trabajo", dejando la puerta abierta a la megaminería. Sin embargo, a continuación aclaró: "Toda iniciativa deberá estar dentro del marco jurídico de dos normas: la Ley 7.722 (que prohíbe el uso de sustancias contaminantes) y la Ley 8.051, de ordenamiento territorial y uso del suelo".