La situación en el relleno sanitario en Junín puso en aprietos al jefe comunal Mario Meoni. El estado en que se encuentra el predio, la situación laboral de los trabajadores y el mal desempeño de la empresa que explota la actividad -GIRS SA-, fueron puestos nuevamente en debate por los concejales de la oposición. Hace más de 20 meses que esta firma se hace cargo del reciclaje de los residuos y nunca lo hizo de manera acorde. Algo huele mal en Junín.

Ahora, y luego de que el meonismo hiciera oídos sordos al pedido de informes para que se normalizara la situación en el terreno sobre la Ruta 65, donde realiza su trabajo GIRS SA, los concejales Cecilia Avila y José María Banfi presentaron una denuncia penal con el objetivo de que tanto la empresa como el municipio adecuen su situación.

Patrocinados por el abogado Lisandro Benito, la presentación judicial se realizó en la UFI Nº 3 de Junín y recayó sobre Carlos Colimedaglia. “La denuncia apunta al municipio”, dijo a Desafío Económico una de sus impulsoras, la concejal de la CC, Cecilia Avila.

“Venimos observando con suma preocupación el grado de deterioro y abandono del Relleno Sanitario de nuestra ciudad, el cual se encuentra desde el mes de marzo de 2011 concesionado a una empresa privada cuya razón social es GIRS SA”, afirman en la acusación.

En un último recorrido realizado por los concejales de la oposición, acompañados por un integrante del oficialismo en el predio, caracterizaron de “vergonzoso” el estado del relleno. Por los servicios, se pagan mensualmente $ 175.000, lo que hace un monto anual de $ 2.100.000.

La denuncia

El estado en que se encuentra el predio y la falta de control por parte del municipio y de la empresa y la no respuesta de parte del Ejecutivo al pedido de informes realizado por los bloques opositores (ver recuadro), desencadenaron esta presentación judicial.

“La empresa en cuestión asumió una serie de obligaciones en relación a obras de infraestructura y mantenimiento de las mismas, como así también la ejecución del tratamiento, disposición, clasificación y comercialización de los residuos domiciliarios y de deposición privada dentro de nuestro partido”, dice la denuncia a la que Desafío tuvo acceso.

Desde hace tiempo, los bloques opositores han advertido al intendente Meoni sobre las deficiencias e irregularidades en el funcionamiento del relleno sanitario. Caminos internos tapados de basura, líquidos derramados sin cobertura aislante para protección de las napas, quemas constantes de residuos y maquinarias sin funcionamiento son algunas de las falencias marcadas.

“Pasado un año de haber adjudicado a la empresa, las cosas están peor que antes; realmente no se hizo nada de lo que se había acordado, me parece gravísimo porque es una cosa que afecta al medio ambiente, a la salud pública”, dijo Avila a este medio. Además, se refirió a que no se sabe “cuál es el rol que cumple actualmente el director de Medio Ambiente del municipio, que está totalmente borrado ante esta gravedad”.

Hay que aclarar que el trabajo que se realiza en el predio es en conjunto entre GIRS SA y el municipio. “Acá lo que hay es una concesión mixta, hay responsabilidades de la empresa, que se cumplieron desde un primer momento, y competencias del municipio. Hay algunas cuestiones que están a cargo de la comuna, la maquinaria y una parte del personal son de ellos, así está previsto en la licitación”, dijo el gerente de la firma, Eduardo Canosa, dando a entender las responsabilidades compartidas entre ambos.

Según se explica en al denuncia, hay indicios de que el municipio, a través de los órganos correspondientes, no habría controlado el cumplimiento de las obligaciones a cargo de GIRS SA, lo que estaría ocasionando el deficiente estado del relleno.

Clasificación legal. Los concejales denunciantes plantearon que las posibles categorías procesales que les pueden caber a los acusados son la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, en sus versiones dolosas o culposas; y el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos ya que “el absoluto desinterés en el ejercicio de sus funciones posibilitó la comisión de irregularidades”.

Adecuarse en 180 días

A diferencia de los pedidos de informes anteriores, Mario Meoni se hizo eco de esta denuncia y parece haber tomado cartas en el asunto. El Intendente puso un plazo de 180 días para que GIRS SA regularice su situación y acondicione el lugar de trabajo. De lo contrario -expresó el Jefe comunal- se podría rescindir su contrato.

“Nos hemos puesto el objetivo de trabajar ese tiempo con la empresa para corregir esas situaciones. Si en ese plazo no encontramos la respuesta necesaria, se buscará la forma de rescindir el contrato y se hará una nueva licitación para adjudicar a la empresa que mejor propuesta haga”, expresó Meoni.

Por otro lado, desde el bloque de la Coalición Cívica dijeron a Desafío que si bien el municipio reconoció las falencias que ellos han marcado, “han tomado nota tarde”. “Nosotros teníamos razón, lo lamentable es que ha pasado más de una año, 175 mil pesos por mes por una cosa que ya venía de lejos”, afirmó Avila.

Si bien el alcalde juninense le tiró la pelota primero a la empresa para que se haga cargo de regular la situación, luego afirmó que desde el municipio también se va a trabajar y aportarán las herramientas que sean necesarias para paliar las dificultades.

La comuna tiene a su cargo algunas maquinarias, muchas que no funcionan y parte de los empleados pertenecen a la planta municipal. Estos lograron un aumento hace algunos días luego de una protesta que paralizó la planta.

Por último, un elemento que se pretende que expliquen desde la empresa, hace referencia a si han efectuado los trámites correspondientes ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y si ha obtenido la autorización pertinente para el funcionamiento en el área.

Ahora, será tanto el gobierno comunal como la empresa los que deberán adecuarse en estos 180 días. Y tendrán que esperar la resolución y el desenlace de la denuncia penal presentada, que apunta como responsable al municipio por la falta de control en el relleno sanitario. Un tema de vieja data que termina en litigio judicial por la falta de acción de los órganos de control de la comuna.