El “algo habrán hecho” disparado a quemarropa en tiempos militares hería de dudas a cualquier inocente. Después de tamaño juicio de valor parecía suavizarse la monstruosidad de una desaparición forzada. La víctima era matada socialmente para que su muerte real no doliera tanto.

Un mecanismo de similar perversión, aunque de nombre distinto, parece haberse instaurado en Tierra del Fuego a partir de una ola de crímenes y desapariciones impunes cuya capacidad de conmoción, tal vez, nos impida pensar.

Los padres de Sofía Herrera, la niña desaparecida en septiembre de 2008, no sólo tuvieron que atravesar la dolorosa e indeseable pérdida de su hija (a la que aún hoy buscan desesperadamente) sino que se enfrentaron a un subrepticio escarnio social que los colocó primeros en la lista de sospechosos.

Conmueve escuchar aún hoy a María Elena Delgado, la madre de Sofía, seguir aclarando por los medios que su marido no tenía deudas de juego y que es el “legítimo padre” de la niña, intentando refutar alguna de la sarta de hipótesis tan descabelladas como infundadas que se diseminaron por el subsuelo social de la provincia. Para no hablar de desatinos peores aún, como el de la supuesta vidente que aseguraba que Sofía estaba enterrada en el fondo de la casa de sus padres, barbaridad a la que algunos medios, insólitamente, le otorgaron un viso de credibilidad.

Pero es en el caso de los homicidios impunes donde la presunta culpabilidad de las víctimas, tan sádicamente representada por el “algo habrán hecho” de épocas dictatoriales, ha regresado a Ushuaia bajo la forma de hipótesis policial llamada “ajuste de cuentas”.

Esa muletilla policíaca, que también a veces los periodistas repetimos sin pensar, esconde la misma trama de morbosidad que parecíamos haber descartado los argentinos.

Si existe la posibilidad de un “ajuste de cuentas”, es que la víctima “andaba en algo raro”. Si le “ajustaron las cuentas” quizá debía dinero y no lo había pagado. Plata del juego o de las drogas. Porque se sabe que en ese ambiente no te perdonan.

Como puede apreciarse, casi de inmediato, dejamos de tener una víctima de la inseguridad, otro caso con riesgo de quedar impune por la negligencia de la propia policía o de la justicia, para pasar a tener un hecho más relativo, donde de alguna manera la víctima se forjó su propio destino y murió en su ley.

La familia de Antonio Toledo, el taxista asesinado el 4 de mayo, le mandó una carta a la gobernadora pidiéndole que instruya a la policía para que cese en la difusión de la hipótesis de un supuesto “ajuste de cuentas”.

Los familiares de Toledo se hartaron de escuchar que tal vez el hombre le debía dinero a alguien y por eso lo ejecutaron, una posibilidad que no tiene el más mínimo sustento probatorio y que sin embargo se dispersó por toda Ushuaia.

El jueves pasado encontraron muerto cerca del autódromo al artista plástico Miguel Pereyra. Tenía un balazo en la cabeza. Los policías que fueron al lugar no se dieron cuenta en el momento. Pensaron que tal vez el orificio había sido producido por algún animal. Cuando por fin dedujeron que se trataba de un crimen, la primera hipótesis que se encargaron de divulgar es que se trató de un presunto “ajuste de cuentas”. Y agregaron: “de origen mafioso”.

¿Las pruebas? Que presuntamente la víctima estaba arrodillada cuando recibió el disparo, y que esa es la “típica” ejecución mafiosa.

Cuando los familiares y allegados al artista se ocuparon de aclarar que Pereyra no tenía deudas ni enemigos conocidos, que ni siquiera fumaba ni mucho menos se dedicaba al juego o a la droga, la herida de la duda había tenido un efecto irreparable.

Muchos no escucharán nunca las palabras más calificadas para hablar de la intimidad del artista. Se quedarán con la versión policial aliviadora de tensiones. “Algo habrá hecho”. Fue un “ajuste de cuentas”. De alguna manera se lo buscó. Sigamos viviendo. Nada es tan grave. Hasta que nos pase a nosotros.