Es un dato que no debe menospreciarse, en un contexto nacional de información falaz o interesada políticamente. Que en el último año la inflación en Neuquén haya rozado el 29 por ciento, es el principal indicador a tomar en cuenta para medir, por ejemplo, la relación política entre el Estado y los gremios; o para deducir hasta dónde se incrementa la pobreza, es decir, los sectores directamente asistidos (mal o bien) por el Estado.

En concreto, es un dato más o menos confiable (no se hacen mediciones privadas aquí, no al menos con el método utilizado por el instituto estatal) para sopesar el estado de ánimo social y político real, no el que se vende continuamente según las necesidades de las distintas coyunturas, sino el que tiene que ver con la cuestión de fondo, con ese inestable equilibrio que Neuquén intenta asegurar oscilando en la pobreza más feroz y la riqueza más obscena.

El Instituto neuquino no tiene todavía publicados los datos sobre cuántas personas estaban a diciembre del año pasado por debajo de la línea de pobreza; pero el dato oficial del primer semestre del 2011 indicó que el 9 por ciento de las personas que viven en la capital neuquina lo están. Que haya alrededor de 22.500 habitantes de la ciudad en situación de pobreza no sorprende, pero sí ratifica que las famosas “políticas de inclusión” incluyen, en todo caso, a miles de carecientes bajo la tutela asistencial o clientelar, pero que no resuelven, o no han podido hacerlo todavía, los problemas estructurales que generan que los pobres se multipliquen en la provincia de los ricos.

En el mismo distrito capitalino, y siempre según el Instituto de Estadísticas y Censos, el desempleo es de 5 por ciento; y el sub-empleo, de 9 por ciento. Concretamente, un 14 por ciento de esa población económicamente activa de pobres, no tiene trabajo o tiene ocupaciones ocasionales o nacidas de alguna subvención estatal. No parece mucho, no lo es si se compara con otros períodos del país y la provincia con mayores índices de desempleo. Pero, otra vez, sí confirma que la capital concentra población y diferencias importantes entre quienes cada vez tienen más y quienes cada vez tienen menos, separados al medio por una franja extraordinariamente densa de miles de empleados del Estado que habitan el nicho de clase media y contribuyen a diluir los contrastes.

Esta situación, con todo, no es la situación de toda la provincia. El resto de los municipios tiene problemas distintos: menos población, pero también menos actividad económica, y ciertamente, más desempleo. El caso más evidente es desde el invierno del año pasado Villa la Angostura, que pasó de ser un paraíso a un purgatorio de culpas no asumidas, a partir de la erupción del volcán Puyehue.

Villa la Angostura representa el ejemplo de cómo una contingencia natural no evitable incide en los planes sociales y políticos de los seres humanos. Desde el volcán, se ha ido una cantidad no precisada que oscila entre las 1.500 y 2.000 familias, exiliadas ante la emergencia; la actividad turística cayó estrepitosamente, y por ende, aumentó el desempleo, que según estimaciones no desmentidas trepó al escalofriante porcentaje de 44 por ciento. Por supuesto, ha caído la recaudación municipal, y la crisis económica no se expande más sólo porque el gobierno provincial está continuamente abasteciendo de fondos extra a la Comuna (sea esto o no suficiente). El gobierno nacional no se ha esmerado demasiado, pero igual tiene una envidiable capacidad de simulación sobre ostentaciones magnánimas, y dentro de pocos días (se dice que el 25) aparecerá la presidenta Cristina Fernández, junto al gobernador Jorge Sapag, para corporizar una especie de epopeya, supuestamente surgida del combate de los argentinos para recuperar lo perdido tras el vendaval de arena y cenizas volcánicas.

En todo esto habrá, como casi siempre, algo de verdad y algo de mentira. Pero lo que no podrá negarse es que el país y la provincia comienzan a sentir el rigor de la falla estructural de la política económica argentina, que es el federalismo entendido como concentración y distribución arbitraria ejercido por el gobierno central de turno. En esta realidad, no hay discursos que puedan cambiar nada: hacen falta medidas urgentes que sólo la política puede dar. Parece contradictorio esto con una situación de flamante estreno de nuevos gobiernos reelegidos y asumidos apenas un mes y medio atrás.

Pero así es la Argentina: se votó la continuidad, con la convicción ahora evidenciada por las urgencias, de que hacía falta el cambio.