En diciembre del 2009, la ONG BIOS había realizado un muestreo en el Mercado Concentrador de frutas y verduras a través del cual se encontraron agroquímicos (dimetoato y clorpyrifós) en lechuga, morrón y apio, que estaban en venta para consumo humano. Se realizó entonces la denuncia penal correspondiente. En ese momento, Senasa y el Municipio reconocieron las deficiencias de los controles y auguraron mayores y mejores sistemas de vigilancia.
“Sin embargo, ninguna de las dos cosas se resolvió y han pasado ya diez meses”, señalaron desde BIOS.
Alumnos del Colegio Albert Schweitzer realizaron, para la Feria de Ciencias 2010, una investigación sobre los residuos de plaguicidas hallados en las verduras de consumo diario. Realizaron un trabajo de rastreo tomando en cuenta lechuga, apio, rabanitos y perejil. Las muestras fueron tomadas en verdulerías barriales y procesadas en un laboratorio certificado por Senasa con técnicas de cromatografía gaseosa y cromatografía líquida.
Los resultados, señalaron desde BIOS, “son alarmantes”, y explicaron: “La ingesta diaria permitida tanto para Dimetoato como para Clorpyrifos en el ser humano es de 0 – 0.01 mg/kg de peso corporal por día”.
En este sentido, pusieron de manifiesto los efectos que producen sobre la salud: “Con dimetoato los signos de intoxicación que se manifiestan son inhibición de colinesterasa, cefalea, visión borrosa, vómitos, sudoración excesiva”; mientras que “clorpyrifos los efectos se manifiestan por fatiga, náusea, molestia intestinal, sudor y cambios en el ritmo cardíaco, parálisis, convulsiones, desmayos y muerte”.
“BIOS vuelve a manifestar su alarma ante el silencio y la inacción oficial que pone en peligro la salud de todos los consumidores de verduras”, apuntaron.
Además, en relación a la franja de seguridad sin fumigaciones –que hoy no se respeta-, plantearon su preocupación por versiones que indican que ingenieros agrónomos solicitarían la modificación de la ordenanza. Se buscaría cambiar el “prohibido el uso en una distancia menor a mil metros” por la frase “prohibido el uso indebido en una distancia menor a mil metros”. “Esta modificación –advirtieron desde la ONG- anularía por completo el efecto de la ordenanza, habida cuenta que a todas luces y por evidencias clínicas reiteradas en análisis, el ‘uso’ casi siempre es ‘indebido’ y resulta declaradamente imposible el control cabal”.
Comprendieron que “sería un retroceso sanitario enorme, y la legitimación de la puesta en riesgo de la población”.
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