El deficiente estado de la mayoría de los penales de Mendoza es un asunto que no reviste novedad; desde hace años, tanto durante el mandato de Julio Cobos como en la actual gestión de Celso Jaque, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó denuncias sobre las graves falencias, y emplazó a los gobiernos a modificar las condiciones en las que trabaja el personal penitenciario y la forma en que residen los presos.

Actualmente, la Bicameral de la seguridad de la Legislatura está realizando un relevamiento de las condiciones actuales de estos centros y las conclusiones no son esperanzadoras: a excepción del penal de Almafuerte, tanto Boulogne Sur Mer, San Felipe y el de San Rafael presentan graves problemas en su estructura, que en la mayoría de los casos están al borde del derrumbe.

Por otra parte, se relevaron deficiencias en la realización de los talleres de capacitación y educación de los internos; en tres de las cuatro penitenciarias visitadas estas actividades no se están cumpliendo. "Hay demasiadas horas de encierro sin ningún tipo de preparación ni trabajo para los presos, con todo lo que eso implica", señaló a Ciudadano la senadora del ARI, Alejandra Naman.

Asimismo, otro aspecto alarmante es la cantidad de muertes y suicidios dentro de estos centros, que posicionan a Mendoza segunda en el ranking nacional de estos casos.

Como posible solución a estas situaciones –que reproducen los casos delictivos y propician la reincidencia de muchos de los presos que cumplieron su condena– los legisladores señalaron la construcción de microcárceles, que disminuyan la cantidad de presos por pabellón y aumenten proporcionalmente la presencia de penitenciarios. De no cambiar estas condiciones, señalan que será difícil cambiar esta realidad de inseguridad que tiene en las penitenciarías sólo una de las aristas del problema.