Pocos días antes de que comiencen las paritarias de Salud, una denuncia de ATE calentó la previa. El gremio se presentó ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados para que se investigue un contrato entre el Instituto de Juegos y Casinos y una empresa, que según la gremialista Raquel Blas, sería subsidiaria del grupo Vila-Manzano y la actuación de la Fiscalía de Estado en ese vínculo.

Desde hace dos semanas, los dirigentes de ATE tenían el dato sobre una renegociación entre el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza y la empresa Mendoza Central Sociedad Anónima que sería, según explicó Blas, "una subsidiaria del grupo Vila-Manzano".

Sin embargo, fue hace unos días que lograron conseguirlo. Según la denuncia hecha por la titular del gremio, hasta antes de la renegociación del contrato, la empresa Mendoza Central recibía 26,7 por ciento de lo que se recaudaba por los tragamonedas, mientras que tras el nuevo vínculo, se establece que la empresa se alzará con 46 por ciento de lo que se gane.

"Hasta acá tenían un contrato por el cual se quedaban con el 26,20 por ciento de todo lo que se recaudaba en los tragamonedas y convengamos que en Mendoza se está jugando mucho", explicó Blas.

Para la gremialista, esta renegociación, según el expediente es porque la Provincia quiere incrementar la cantidad de tragamonedas e implementar un nuevo sistema de cobro, pero la empresa "en dos meses recupera la inversión y el Estado no ganaría lo que podría llegar a ganar", explicó Blas.

Esto es preocupante, explicó Blas, porque con esos fondos se sustentan programas de salud, entre ellos, en la prevención y la lucha contra el SIDA y enfermedades oncológicas. "Hablamos de medicamentos muy caros que van destinados a esto", sostuvo. Y agregó que hay que tener en cuenta que las tragamonedas es el juego que más se usa en los casinos.

Según la gremialista, esta renegociación tiene otro punto que llama la atención y es que la Fiscalía de Estado, a cargo de Joaquín De Rosas, avala la renegociación y el aumento del porcentaje que se deja la empresa.

"Esto preocupa, porque si el Estado ahorrara plata podría compras sus propias máquinas o podría haber hecho una licitación, algo más transparente y no una renegociación", explicó Blas.

Próximo paso

Tras dar a conocer la denuncia a los medios de comunicación, Blas señaló que el sindicato llevó la semana pasada la denuncia a la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, para que esta cite a declarar a todos los involucrados y a partir de ello, se decida si se debe hacer o no una denuncia penal.

El objetivo es que los legisladores investiguen tanto el nuevo contrato como el accionar de la Fiscalía de Estado, que "es la que tiene que cuidar los intereses de Mendoza y ha dado el aval".

En tanto, desde el Instituto de Juegos y Casinos se llamaron a silencio. Desde allí, expresaron que la directora Nidia Martini, se encontraba en Buenos Aires y que recién mañana iba a poder atender a requerimientos periodísticos.

De hecho, los directores a cargo prefirieron excusarse y dejar que fuese Martini la que diera explicaciones.