Hay gestos que van más allá de lo simbólico. Uno de ellos tuvo lugar el martes en el Senado, cuando todo el espectro de la oposición política se reunió para manifestar su apoyo a Leandro Despouy y, al mismo tiempo, su rechazo a la artera maniobra con la cual el oficialismo pretendió desplazarlo de su cargo de presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso de la Nación y que se encarga, como establece la Constitución, de controlar el sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.

En el abierto apoyo a Despouy se lee también el apoyo a la lucha contra la corrupción. Es un punto en común de todas las fuerzas opositoras y, no por casualidad, un tema ausente en todos los discursos del oficialismo. El gesto podría constituir un punto de partida para la búsqueda de coincidencias básicas que, en un futuro cercano, pueda cimentar acciones coordinadas de los partidos de la oposición y comenzar a poner fin a su actual dispersión.

Por lo visto, esas fuerzas finalmente han logrado traducir acabadamente cuál fue el masivo mensaje de la ciudadanía que el 13 de septiembre salió a la calle para manifestarse en contra de un gobierno tan autoritario como cada vez más manchado por graves casos de corrupción. Se interpretó entonces que la protesta de la ciudadanía incluía un callado reclamo a la oposición por su prescindencia y por no haber sabido levantar con fuerza las banderas de la protesta. Es más que saludable, por lo tanto, lo que representa ese apoyo a Despouy, del que participaron, entre otros, Hermes Binner, Luis Juez, María Eugenia Estenssoro, Rubén Giustiniani, Victoria Donda, Claudio Lozano, Gerardo Milman, Alfonso Prat-Gay, Federico Pinedo, Francisco de Narváez y Gustavo Ferrari.

Bajo la presidencia de Despouy, la AGN llegó a convertirse prácticamente en el único órgano de control que, aun con las innumerables dificultades que representan las constantes trabas del oficialismo, lleva a cabo su función de contralor. Tan bien la lleva a cabo que sus auditorías, que sacaron a la luz o confirmaron graves hechos de corrupción en organismos públicos, se volvieron un serio problema para un gobierno signado por los constantes casos de corrupción.

La presidencia de la AGN le corresponde al partido de la oposición con mayor representación en el Congreso, como sucede actualmente con el radicalismo. Como a principios de este año el Gobierno fracasó en su primer intento de desplazar a Despouy, la semana pasada volvió a la carga, ahora con un argumento artificioso que sostiene que su mandato venció en 2010, al cumplirse el período constitucional de ocho años como auditor, dado que ejerce el puesto desde 2002. Por este motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Julián Domínguez, le solicitó al radicalismo que "regularizara" la situación.

Lo que lucía como un generoso convite escondía en realidad una trampa. Si el radicalismo accedía y comunicaba a los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores que ratifica el nombramiento de Despouy, estaría admitiendo tácitamente que omitió hacerlo en 2010 y, de ese modo, podrían quedar en una suerte de limbo importantes auditorías firmadas por Despouy desde ese año, o directamente podrían ser cuestionadas.

De todos modos, el radicalismo aseguró que ese argumento es falaz porque, a diferencia de los restantes seis auditores, el mandato del presidente de la AGN carece de fecha de vencimiento. El recambio sólo opera cuando el principal partido opositor pierde su condición de tal o cuando quiere postular a otro candidato. Sólo entonces se debe notificar a ambas cámaras, afirman los radicales, y así lo expresó Mario Barletta, titular del radicalismo, en una carta a la presidencia de la Cámara de Diputados. A partir de ese texto, Domínguez consideró que el radicalismo había accedido al requerimiento de ratificar a Despouy. Habrá que ver si esta interpretación pone fin a la embestida o si da pie para que el oficialismo intente cuestionar las auditorías de los dos últimos años.

El mismo Despouy afirmó hace pocos días que, en efecto, el ardid del oficialismo buscaba invalidar las sólidas auditorías que arrojaron graves irregularidades en la gestión kirchnerista, y mencionó explícitamente las verificadas en el desmanejo del transporte ferroviario. De ese modo, agregó, se procuraba proteger a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, involucrados en distintas causas judiciales. Otra de las investigaciones, presentada un mes después de la tragedia en la estación de Once en febrero último, que le costó la vida a 51 personas, cuestionaba a las autoridades en el control de la empresa concesionaria que operaba la línea Sarmiento. Muchas de estas auditorías tan críticas como fundadas han sido incorporadas como pruebas documentales en numerosas investigaciones judiciales en casos de corrupción, y esto es lo que más puede preocupar al Gobierno.

Todos estos argumentos confirman una vez más que la figura de Despouy ha encarnado, para las fuerzas opositoras que salieron en su apoyo, la lucha por la transparencia, por el ejercicio del indispensable control de las empresas y organismos públicos que establece la Constitución y, en síntesis, la lucha contra la corrupción. Tal vez la arremetida contra Despouy haya servido en definitiva como un primer factor aglutinador.

En los últimos años, los partidos de la oposición se han mostrado casi apabullados y por momentos faltos de la debida reacción ante el constante avasallamiento de las instituciones, de la división de poderes, del necesario disenso y de la libre información llevado a cabo por un Poder Ejecutivo cada vez más autócrata y enemigo de las libertades. El martes pasado, la figura del auditor general de la Nación rodeado por todo el arco opositor puede haber marcado un punto de inflexión..