El cabo Carlos Alegre ratificó que el plan de inteligencia utilizado hasta el 2006 en la base Almirante Zar de Trelew contrariaba leyes nacionales, al declarar en la causa en la que están procesados por espionaje ilegal 14 integrantes de la Armada.
El suboficial recordó que uno de sus jefes, el capitan Eduardo Merlo, que ahora está imputado en la causa, recogió hace seis años su inquietud respecto del conflicto entre el espionaje a civiles y la ley de Defensa Nacional, entre otras, la elevó vor vía jerárquica y sufrió represalias.
Alegre, cuya denuncia originó en el 2006 la causa judicial en curso, ya había brindado declaración testimonial en marzo último, cuando respondió preguntas de la fiscalía y la querella, pero volvió hoy al tribunal para contestar las que formularon los letrados de los acusados.
La jornada comenzó esta mañana con la perita calígrafa Gabriela Noguera, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que respondió preguntas de la fiscalía, la querella y abogados de los acusados, mientras que Alegre lo hizo a continuación y siguió por la tarde, tras un cuarto intermedio.
Noguera ratificó conclusiones de la pericia incorporada al expediente sobre la existencia de "correspondencias básicas" entre una base de cotejo y firmas en diversos mensajes e informes de espionaje enviados desde el 2000 por marinos, ahora acusados, a la Dirección de Inteligencia de la Armada y al Comando de Operaciones Navales, entre otros organismos.
Por su parte, Alegre respondió con solvencia preguntas de defensores de los acusados, algunas de las cuales motivaron quejas del fiscal Fernando Gelves y del abogado Rodrigo Borda, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y una advertencia del juez Enrique Guanziroli, subrogante en el juzgado federal de Rawson.
"No voy a permitir preguntas capciosas o que tiendan a confundir al testigo", subrayó el magistrado y pidió más de una vez a las partes que evitaran presiones que pudieran afectar que Alegre se expresara libremente.
En respuesta a una pregunta sobre los archivos de inteligencia destruidos u ocultados en el 2006, el testigo citó un archivo titulado "Indigenismo", relativo a demandas territoriales de pueblos originarios, en el que figuraban uno de sus abuelos y un tío, entre muchos otros casos.
En la testimonial de marzo pasado, Alegre mencionó, entre el material destruido, informes sobre los fusilamientos de prisioneros políticos en 1972 en Trelew.
También aludió a "semblanzas" y otros datos públicos u obtenidos por medios ilegales sobre políticos, dirigentes de derechos humanos, periodistas, funcionarios gubernamentales y otros así llamados "factores", considerados potencialmente hostiles por mandos de la Armada.
El tribunal volverá a sesionar el martes próximo, cuando prestarán declaración indagatoria cinco de los acusados que no lo habían hecho hasta ahora en audiencia.
Los alegatos finales podrían concretarse en la última semana de abril y la lectura de la sentencia a comienzos de mayo próximo, según estimaron fuentes vinculadas a la causa consultadas por Télam.
Esta previsión se relaciona además con el comienzo del juicio oral y público por la Masacre de Trelew perpetrada en 1972 en la base Almirante Zar, previsto para el 7 de mayo y en el que el juez Guanziroli será uno de los camaristas.
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