Ya comenzaron a conocerse las primeras repercusiones frente a la resolución del Ministerio de Salud porteño estableciendo un protocolo de actuación frente a los casos de aborto no punible. La diputada Gabriela Alegre aseguró que la misma "vulnera el texto del Código Penal y los criterios que estableció la Corte Suprema".
"Esta Resolución atenta contra el derecho de las mujeres y adolescentes a interrumpir su embarazo cuando corre riesgo su vida o en casos de violación, porque vulnera el texto del Código Penal y los criterios que estableció la Corte Suprema en su fallo histórico imponiendo requisitos y condiciones adicionales y dilatorias, como por ejemplo imponiendo el límite de gestación de 12 semanas para realizar la interrupción del embarazo", señaló.
Además, sostuvo: "El PRO dice cumplir con el fallo de la Corte sobre el aborto, pero es una mentira más, argumentan el respeto a la institucionalidad, pero no respetan ni el Código Penal, ni el fallo de la Corte. La norma pone obstáculos, escollos y frenos, cuando según la Corte debería funcionar como un procedimiento para eliminar barreras de acceso al derecho al aborto, para que pueda practicarse de manera rápida, accesible y segura".
Por último, Alegre expresó: "El protocolo desconoce claramente los derechos de las mujeres a resolver qué hacer por sí mismas y las considera como objetos a ser sometidas a largos procedimientos que vulneran su intimidad y no como sujetos dignos y autónomos que puedan resolver qué hacer ante situaciones tan complejas como cursar un embarazo producto de una violación o de riesgo para su salud".
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