Miguel Alegre, defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes, desestimó aplicar un incremento tarifario en el servicio de agua potable.

Como se sabe el tarifazo según la empresa concesionaria del servicio tiene que ver con mejoras y nuevas inversiones que realizará en el sector.

En ese sentido el doctor Alegre fue claro y contundente: "Recomendamos expresamente la no aplicación de ningún incremento tarifario, dado que la consultora no ofreció ningún fundamento, no aportó documentación respaldatoria que justifique el cambio de valores ni acercó informes técnicos y/o contables que demuestren razones fehacientes para incrementar la tarifa".

Agregando: "La concesionaria aspira a lograr un incremento en la tarifa que rondaría un 50%, de acuerdo a los cálculos que pudimos prever y esto afectaría considerablemente la economía de los más de 100 mil usuarios que tiene en la provincia".

Asimismo Alegre señaló: "Por este motivo participamos de la audiencia que se hizo en el Colegio de Abogados, para fijar nuestra postura en contra de la pretensión de la empresa Aguas de Corrientes y rechazar la forma y los términos en los que propusieron la suba".

En el ámbito de la Audiencia Pública, el representante de los ciudadanos de la provincia recomendó a las autoridades y al Poder Concedente, "se abstengan de eliminar el tope tarifario previsto en el Contrato de Concesión, más precisamente en los artículos 39 y 46, que ponen un límite para proteger al usuario del abuso de incrementos tarifarios" y en consecuencia, también se opuso expresamente a "cualquier modificación a la redacción de esos artículos", propuesta formulada por la empresa Consultora.

En el rubro de las inversiones Alegre encendió la alarma: "La propia consultora ha informado que la empresa concesionaria presenta un preocupante grado de desinversión en activos, lo que sería una señal de alarma llegado el momento en que finalice la concesión y la empresa deba devolver el servicio a la provincia, en óptimas condiciones".

Por otra parte, expresó sus reservas en cuanto a que "la autoridad convocante para esta audiencia no debió ser el Ente Regulador sino el Poder Ejecutivo, dada su condición de Poder Concedente".