En tiempos de coronavirus, el Gobierno decidió desplegar varias batallas individuales y sectoriales. Dos de ellas son puntuales y positivas para futuras épicas más importantes. La primera, y contraria a cualquier propuesta del hoy oficialismo en campaña, es la decisión de abrir la importación al ingreso libre de varios productos destinados al servicio de la salud pública, incluyendo todos los alcoholes médicos y los insumos para producirlos; además de otros bienes para cubrir las necesidades sanitarias locales en tiempos de pandemia.

La intención oficial es doble: por un lado buscar que el alcohol en gel y el etílico vuelvan a las góndolas de las farmacias y supermercados. El segundo es que el precio se controle y deje de aumentar de manera clandestina (los valores están congelados desde marzo). En el medio, enviar un mensaje a los productores argentinos en general, mostrando que la apertura de importaciones es una herramienta válida ante la emergencia, aunque vaya al contrario del estructuralismo económico.

La segunda batalla es más estratégica, indirecta y está en manos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El organismo que maneja Mercedes Marcó del Pont esperará a que se anote la mayor cantidad de potenciales cuentapropistas y contribuyentes registrados en las dos primeras categorías del monotributo para luego iniciar un proceso ejecutivo de cruce de datos para saber si efectivamente a esa persona le corresponde alguno de esos dos niveles, o, por el contrario, está subcategorizada. Sospecha la AFIP, que muchos de los monotributistas anotados en los anaqueles A y B en realidad tienen facturaciones (obviamente anteriores a marzo) correspondientes a los escalones más altos de la tabla. La intención es ubicar a aquellos que tengan situaciones de recategorización extrema, cercana a la alta evasión, y que se hayan anotado para cobrar los $10.000 destinados por el Gobierno a los sectores más pobres de la sociedad.

“Nos cansamos, el alcohol en gel y el alcohol etílico nunca estuvieron en los comercios en tiempo y forma. Ahora abriremos la importación para que no falte y tenga un precio correcto”. Así reflexionaba ante este diario un alto funcionario del Gabinete, al explicar por qué se tomaba ayer una decisión contraria a todo lo que se proclamó durante la campaña: abrir las fronteras comerciales a la compras de productos en el exterior para que haya oferta local y pese a que existen fabricantes locales. Según el decreto 2020 firmado por Alberto Fernández y los ministros del Gabinete económico, incluyendo obviamente a Martín Guzmán, de Economía, y Matías Kulfas, de Producción, se permitirá con arancel cero desde fuera del Mercosur, importar productos sanitarios especificamente determinados por su necesidad, “mientras dure la emergencia pública”. Esto es, mientras el Gobierno lo disponga.

¿Se trata de un ensayo para otros bienes, especialmente alimentos y bebidas, que en los últimos tiempos tuvieron incrementos de precios injustificados, al menos para la visión oficial, complicando la política de contención de la inflación y el índice de marzo que se ubicaría peligrosamente más cerca de superar el 2% que de bajarlo?. Se sabrá en horas. Pero se recordaba en despachos oficiales que más allá de la promesa oficial de campaña de defender a rajatabla la producción nacional contra la importación extranjera, hay antecedentes en el kirchnerismo puro y duro de, al menos, la amenaza de abrir fronteras a bienes de consumo final para bajar precios internos. Fue en abril de 2012, cuando en un acto en la Casa de Gobierno donde se anunciaba formalmente la reestatización de YPF, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner amenazó a los productores de yerba mate (y de otros alimentos cuyo valor se había incrementado exponencialmente, pese a que el INDEC intervenido no lo medía), con abrir la importación si los precios no bajaban. Desde el Gobierno se evaluará el éxito de la estrategia para el regreso, vía apertura de importaciones, en el caso del alcohol sanitario. Si funciona, podría extenderse a otros rubros complicados. Incluso más allá de la cuarentena.

Otra batalla que comenzará desde mañana, será el inicio de los cruzamientos de datos entre los anotados en las páginas del ANSES y la AFIP, para verificar la verdadera identidad de ingresos de los que aseguran ser potenciales beneficiarios de la ayuda de emergencia que este mes (y casi seguramente en mayo) el Gobierno dispondrá para estos sectores perjudicados por el parate económico.

Se pondrá especial atención en el caso de los monotributistas de las categorías A y B ya que, a diferencia de los cuentapropistas, tienen número de CUIT que deben exponer ante el organismo que maneja Alejandro Vanoli para obtener el beneficio. En general el criterio que se utilizará para habilitar el dinero será amplio y no habrá mayores requisitos que la buena fe del reclamante. Pero luego, los datos de cada uno de los anotados serán derivados al “big data” de la AFIP para su verificación y control. Lo que se fiscalizará es la existencia de cuentas de bancos a nombre de esos cuits, propiedades (de todo tipo de inmuebles, vehículos y hasta embarcaciones), movimientos bancarios, de tarjetas de crédito y débito hasta un año hacia atrás, compras en el exterior y movimientos financieros en los mercados de capitales.

Obviamente, la idea es encontrar no sólo pedidos de la ayuda especial que no corresponda; y, más con la misión natural de la AFIP, encontrar casos de evasión en un universo impositivo donde siempre se sospecha la subfacturación. Para el organismo recaudador será una oportunidad inmejorable para plantearle a la sociedad casos emblemáticos de monotributiastas eventualmente truchos, que además quieren beneficiarse de los $10.000 destinados a los más perjudicados por la cuarentena.