"Yo no lo sabía", declaró en la indagatoria que ahora se conoció a través de la resolución del sobreseimiento dictado por Zabala.

El juzgado investiga las maniobras del dueño de la empresa de colectivos El Indio, Diego Osorio (ya fallecido y así desvinculado de la causa), en conjunto con el ex intendente Néstor Alcala y el ex secretario Jaime Sterin.

Según la acusación original, Osorio -con la firma, en carácter de declaración jurada, de Alcala y Sterin- declaró en exceso los kilómetros recorridos y las unidades utilizadas en la prestación del transporte público de pasajeros para obtener más dinero a través de dos tipos de subsidios otorgados por el Estado Nacional: uno relativo a la obtención de gas oil a precio diferencial y el otro, dinerario, denominado SISTAU (Resolución 337/2004 que creó un fideicomiso al que se le adjudicaron por afectación directa fondos extrapresupuestarios de la Nación).

Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecieron que no hubo fraude, pese a que se declararon más kilómetros y más unidades de las que realmente estaban en funcionamiento. Es que para el cálculo para obtener esos subsidios se utilizaban otros parámetros.

El ex jefe comunal dijo que nadie le informó, cuando le presentaron las planillas, que habían variado la cantidad de kilómetros -de diciembre de 2004 a febrero de 2005-. "Me dijeron que debía firmarse la planilla ya que si no la empresa no cobraba, que en definitiva es lo que dice la CNRT: sin firma no hay trámite", manifestó.

Contó que firmaba por día varios escritos y que confiaba en sus empleados y funcionarios. "Mi firma era la última que colocaba y daba por sentado que todo venía visado y controlado", dijo.

Aclaró que en su trabajo diario firmaba desde autorizaciones para pagar boletas por $ 2 a multas por construcciones no autorizadas. "Pero yo no soy quien verificó si la multa resultaba procedente o no, sino que esto era algo que daba por sentado de que había sido verificado cuando le llevaban para firmar la multa".

¿Por qué el juez Pedro Zabala sobreseyó a Alcala y a Sterin? El juez expresó que está "corroborado" que a partir de febrero-marzo de 2005 se "aumentaron considerablemente la cantidad de kilómetros recorridos y unidades empleadas en la prestación del servicio" de micros. Pero, manifestó, no lograron beneficios con esa maniobra. Es decir, no hubo fraude al Estado.

El magistrado expresó que los únicos datos que podían hacer variar el cupo a asignar era que se modificase el tipo de chasis de las unidades y no los kilómetros recorridos o la cantidad de vehículos del mismo grupo de chasis.

¿En qué se basó el juez para decir que no hubo perjuicios al Estado? "Fundamentalmente en el peritaje practicado por los peritos del Cuerpo de Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostuvo. Ese peritaje fue puesto en duda por la fiscal Marta Odasso, quien ya apeló el sobreseimiento: recordó que los peritos dijeron que tuvieron limitantes a la hora de acceder a la documentación.