Alberto Pérez sostuvo que “el gobierno de Daniel Scioli está a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos, del reconocimiento para aquellos que lucharon por sus ideas. Para nosotros, los derechos humanos son un tema del pasado, del presente y del futuro y es compromiso de gestión avanzar en hacer valer los derechos de todos los vecinos de nuestra querida Provincia”.

En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos provincial, estima que de los 3.500 bonaerenses que fueron víctimas del terrorismo de estado, casi la mitad ya reciben asistencia por parte del gobierno provincial. Entre ellos, hay hijos de ex detenidos que al momento de la aprehensión quedaron a cargo de familiares o amigos de sus padres.

Al respecto, el gobernador Daniel Scioli sostuvo que “esta medida busca la reparación, en alguna medida, ante el dolor de estos ciudadanos que fueron perseguidos por creer en la política como herramienta para cambiar la realidad. Y que postergaron objetivos personales para defender sus ideales”.

Según informaron, Buenos Aires es la primera provincia en reconocer y otorgar una pensión a la victimas del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado). El beneficio surge de la Ley 14.042, única en le país, promulgada en octubre de 2009 por el gobernador Daniel Scioli. La norma establece “una pensión para aquellos que durante la última dictadura militar fueron condenados por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del PEN y/o privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas u otras fuerzas de Seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles”. Y también para sus hijos, si eran menores al momento de la detención y quedaron bajo el cuidado de otras personas.

Para otorgar la pensión se utiliza como base el Registro Provincial de ex-presos políticos, impulsado por el Gobernador con el objetivo de conocer la cantidad potencial de beneficiarios y además realizar aportes concretos al esclarecimiento de sucesos ocurridos durante la última dictadura.

En ese sentido, la secretaria de Derechos Humanos, Sara Dorotier de Cobacho, destacó la iniciativa y señaló que “hasta la promulgación de esta medida, muchos de los ex detenidos no tenían ni la obra social y hoy están contenidos por el gobierno provincial”.

Datos: son 1.602 los beneficiarios de la ley 14.042 registrados en la provincia de Buenos Aires. El 75 % son hombres y el 25 % restante mujeres. El 64% tiene un trabajo, el 25% es jubilado y el 9% se encuentra desocupado. Cerca del 20% de los registrados no contaba con cobertura médica.