Un ajuste para los que no votan K

Por Jorge Oviedo

El Gobierno parece querer hacer la parte más dura del ajuste en los sectores sociales que le son menos fieles, o culpar a otros por los varios golpes al bolsillo que se están sucediendo. Así lo presentan, además.

El aumento de la luz, gas y servicio de agua y cloacas fue presentado abarcando sólo a los barrios más pudientes de la Capital. El encarecimiento del subterráneo es culpa de Macri y no de Cristina Kirchner, quien decidió quitar a la ciudad la mitad del subsidio este año y la totalidad el año próximo, luego de haberle retirado la custodia policial a los hospitales públicos.

De las alzas del mil por ciento en el impuesto inmobiliario en algunas zonas nada pudientes de la provincia de Buenos Aires cuyas boletas ya comenzaron a llegar será culpable Daniel Scioli, a quien los cristinistas quieren "esmerilar" para que no pueda competir por la candidatura presidencial de 2015.

Pero no siempre es fácil que las cosas funcionen más o menos bien así. Hay una enorme distorsión que tendrá consecuencias de mantenerse sin aumentos la tarifa de los trenes urbanos y suburbanos. Los "ricos" que han visto casi triplicado el precio del viaje en subterráneo tienen, en algunos casos, la opción de utilizar, por menos de un tercio del nuevo valor, el servicio de trenes. Algunos servicios hasta cuentan con aire acondicionado.

El problema es que esos trenes ya desbordan de usuarios que pagan una tarifa ridícula, que según los operadores apenas alcanza para cubrir los salarios del personal de boleterías y control del pago de pasajes. El resto, que es casi el 85% del costo de la operación, lo paga el subsidio estatal. No hay ningún incentivo para controlar la evasión, que crece constantemente. Los operadores dicen que es mucho más alto el costo de colocar controladores que el dinero que se recupera.

Además, con la reglamentación de la tarjeta SUBE hay quienes aseguran que la evasión aumentó. Ocurre que el Gobierno dispuso que si la lectora de la tarjeta no funciona, el pasajero tiene derecho a viajar gratis. Llegan personas a las terminales capitalinas que no pagaron y juran que fue porque no lograron sacar el pasaje con el SUBE en determinada estación del conurbano. No importa que los operadores tengan registro en el sistema de que la expendedora funciona. Se suscitan discusiones interminables por sumas que son, finalmente, ridículas.

Es en lo que ha derivado el sistema de precios de los servicios públicos generado por el kirchnerismo. El Ferrocarril Belgrano Cargas tendrá este año un total de gastos de 2128 millones de pesos y facturará sólo poco más de 432.000, según las cifras oficiales. Es decir, casi todo su gasto operativo será sostenido con subsidios. Las partidas de subsidio son 17% más altas que lo efectivamente gastado en 2011. Pero el año último se había previsto subsidiar por 1280 millones de pesos y se superaron los 1800 millones. Con un alza similar, el subsidio sería este año de más de 3000 millones de pesos.

La razón del rojo es que la compañía estatal absorbió a los 3600 tercerizados que realizaban protestas contra las concesionarias ferroviarias por las diferencias salariales con los empleados de planta. La solución fue sencilla: pasaron al Estado. También Ferrocarril Belgrano Sociedad del Estado recibió la totalidad del personal que tenía trenes Metropolitanos cuando le quitaron la concesión del servicio urbano y suburbano de pasajeros de las líneas Roca, Belgrano Sur y San Martín. Ahora figuran en su plantilla.

La administración de Mauricio Macri no tenía presupuestado el traspaso del subterráneo y sus funcionarios juran que el incremento tarifario apenas alcanza para cubrir la reducción a la mitad del subsidio. Lo que significa que debería haber otro incremento cuando haya alzas salariales para los revoltosos trabajadores, que hasta hace poco protestaron permitiendo que los usuarios viajaran gratis en las horas pico. "No entiendo a empleados que perjudican la recaudación de su propia compañía", decía un funcionario muy cercano al jefe de gobierno. También desmentía los cálculos de los gremialistas que decían que con el encarecimiento se recaudarían 800 millones de pesos más. "Será una nueva matemática, que me la muestren, sería buenísimo que así fuera, porque podríamos haber aumentado menos, pero nuestros cálculos, contando feriados y fines de semana, dan 362 millones de pesos, que es lo que deja de pagar el Estado nacional", dijo el mismo funcionario. Los "levantamientos de molinetes" habrían hecho perder una recaudación de alrededor de 250.000 pesos por día, calcularon fuentes empresariales.

Además del embate oficial para ponerlo como "malvado", Macri ofrece algunos flancos políticos. No se entiende por qué, por ejemplo, se empecinó en poner al frente de una institución de salud pública a una médica jubilada, a la que además le sobra el tiempo, ya que en los registros oficiales aparece como dueña de un geriátrico privado y directora de ese mismo y otro más.

El Gobierno no sabe ahora cómo salir del enredo de precios que armó sin perder respaldo ciudadano. Está entre la espada y la pared. De un lado, el malestar por las subas de los valores de los servicios públicos, y del otro, el creciente déficit de las cuentas públicas.

Por ello, incluso las provincias más leales, como Santa Cruz, han sido obligadas a hacer un ajuste brutal del que, además, deben hacerse responsables los mandatarios locales. El Estado nacional les refinanció unas deudas, pero no hará mucho más. Desde 2004, los gastos de las provincias en conjunto crecieron dos puntos del PBI más que los ingresos, calculó el Ieral. Las erogaciones crecieron desde entonces la astronómica cifra de 488 por ciento, mientras que los ingresos lo hicieron "sólo" el 409 por ciento. LA NACION no lo hizo mucho mejor. Según cálculos privados en igual período los gastos crecieron seis puntos del PBI más que los ingresos.

El sector energético es otro donde los precios congelados han llevado a un daño enorme. Este año, el Gobierno tendrá gran necesidad de divisas, pero la balanza energética arrojaría unos seis mil millones de dólares de rojo por la importación de gas de Bolivia, que cobra el triple que lo que se paga a los productores locales, o de Trinidad y Tobago, Qatar, Guinea Occidental y Nigeria, que perciben hasta seis veces más.

El vicepresidente Amado Boudou ha tratado de interesar a muchos inversores para que entren en el área de combustibles alternativos, como el shale oil y el shale gas . Pero se requieren 30 dólares por barril sólo de costos, dicen las compañías. Y hay que consumir grandes cantidades de agua. Ya hay mucha actividad en contra de usos así por parte de grupos que se oponen a la minería a cielo abierto.

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